El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado un "disparate" el recorte del trasvase del Tajo-Segura que implica la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del Real Decreto que revisa los planes hidrológicos de varias cuentas y ha instado al Gobierno a dar "marcha atrás" en un decisión carente de "sentido común" y en la que "no prima el interés general".
"Este es un procedimiento ya habitual por parte del Gobierno, que no respeta los procedimientos habituales para hacer una ley o una modificación legal, en este caso, un trasvase sin consensuar, además, con los sectores y territorios afectados", ha criticado.
A preguntas de los periodistas en Jaén, donde se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Junta, Moreno ha remarcado el "absoluto desacuerdo" mostrado por Andalucía "de manera reiterada y clara en los últimos meses" y ha asegurado que estamos ante "una nueva imposición de carácter unilateral" del Ejecutivo de Pedro Sánchez que, según ha dicho, "va a llevar a la ruina a un inmenso porcentaje del sector productivo en el Levante español y en el andaluz".
El líder del Gobierno andaluz ha lamentado que el Ministerio que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera no haya atendido las peticiones "para que hiciese una reflexión" y se "sentase a negociar" con las tres comunidades autónomas afectadas y con las organizaciones agrarias, regantes y productores.
"Creo que es una de tantas decisiones políticas que se toman en este Gobierno donde no prima el sentido común, donde no prima el interés general y donde lo que sí prima son los acuerdos políticos e ideológicos, perjudicando al conjunto de los ciudadanos", ha trasladado.
Moreno ha afirmado que la aprobación este martes del Real Decreto es "un gravísimo error" que le han dicho a Pedro Sánchez "los propios socialistas murcianos, valencianos, e incluso, alguno de Almería" y ha asegurado que es indicador de que "es hora de el Gobierno pare y se ponga a hablar, a dialogar" abandonando lo que es "un criterio puramente ideológico".
"Se trata de una decisión claramente política, completamente injustificada en término técnicos, y que, además, se ha tomado una manera precipitada sin atender al propio Consejo de Estado que ha hecho unas aseveraciones que tendría que tener muy en cuenta", ha concluido.
