El juez que instruye una de las causas por presunta prevaricación urbanística en Zurgena (Almería) y vinculada al conocido como caso 'Costurero' ha dictado el sobreseimiento para los dos promotores, el constructor, dos arquitectos técnicos y el director de obra por la construcción de 21 viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, en el paraje 'Los Menchones' al haber prescrito el delito contra la ordenación del territorio que se les imputaba.
El procedimiento continúa, no obstante, contra el exalcalde y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón, su entonces concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras y siete exediles de la corporación entre 2007 y 2011 ya que, en el caso del presunto delito de prevaricación, concluye que no han transcurrido los plazos que marca la ley para estimar que concurre este motivo para declarar extinguida su responsabilidad.
El auto del Juzgado de Instrucción 2 de Huércal-Overa, consultado por Europa Press, revoca parcialmente otro, de 14 de febrero de 2014, por el que se acordó continuar las diligencias previas por el trámite de procedimiento abreviado, y dicta nueva resolución atendiendo a las alegaciones de prescripción que presentaron todas las partes personadas, que fueron admitidas tras informe favorable del Ministerio Fiscal.
En el caso de uno de los administradores de la mercantil Tisan Sureste SL, así como en el caso del que fue el constructor y el director de obra, el juez indica que los hechos, que se refieren a la edificación de un total de 21 viviendas unifamiliares "que se iniciaron en 2003 y concluyeron en 2007", se denunciaron el día 7 de octubre de 2011.
Añade que la intervención de los tres en la obra "fue hasta el año 2006", por lo que han transcurrido los plazos de prescripción del delito contra la ordenación del territorio y procede estimar el recurso de reforma interpuesto por la defensa de los tres.
Mismo pronunciamiento hace con respecto a los dos arquitectos técnicos mientras que, en el caso del segundo de los administradores de Tisan Sureste SL sostiene que hay que estimar su recurso de reforma por vulneración de sus derechos fundamentales ya que se le imputo en el auto de procedimiento abreviado un delito sin haber prestado declaración judicial ya que, la primera vez que fue llamado, se acogió a derecho a no declarar hasta que no conociera el contenido de las diligencias "y no consta posteriormente nuevo llamamiento judicial".
El Juzgado de Instrucción 2 desestima, no obstante, los recursos de Trabalón, Tijeras, los arquitectos municipales y una exedil ya que, entre la denuncia de Fiscalía, y las declaraciones judiciales "no han transcurrido los diez años de prescripción" para el delito de prevaricación, a lo que, según asegura, se suma que la providencia para acordar esa declaración como imputados en 2013 "rompe el plazo de prescripción".
Según recoge el auto, Tisan Sureste SL procedió a la construcción de las viviendas en las parcelas 100 a 106 y 204 del Polígono 12 del paraje de Los Menchones, "siendo la calificación del suelo la de no urbanizable natural o rural".
Tramitado el expediente en el Ayuntamiento de Zurgena y siendo concejal de Urbanismo Manuel Tijeras, indica que se votó en plenos de mayo, julio y octubre de 2004, así como enero y febrero de 2005 de forma favorable a la concesión de las licencias.
ENTRAMADO JUDICIAL
En diciembre de 2014, el Juzgado de lo Penal 3 de Almería condenó a 15 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a Trabalón, y a siete exediles de la corporación que votaron en pleno a favor de la concesión de una licencia para la construcción de ocho edificios de tres plantas y 202 viviendas, así como dos piscinas en la barriada de La Alfoquía.
Consideró que lo hicieron "a sabiendas de su injusticia", ya que señalaba como un dato "constatado y claro" que se trataba de suelo no urbanizable" y que dieron el voto favorable pese al informe técnico desfavorable.
Cabe recordar que Trabalón, quien, según sostiene la dirección regional del PA, fue expulsado de sus filas en diciembre de 2012, está procesado en el llamado caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística en el que se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público. Entre los otros 23 acusados están exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría como máximo nueve años de cárcel.
En los dos procedimientos de los múltiples que enfrenta en los que se ha celebrado ya juicio, en uno se dictó absolución en el primero de todos los celebrados se condenó en primera instancia al exregidor y resto de concejales a penas idénticas a las que se interesa esta causa aunque la Audiencia Provincial de Almería revocó el fallo y dictó absolución.
