El juicio contra varios empresarios acusados de reproducir variedades de semillas de tomate con derechos de propiedad y para los que la Fiscalía Provincial de Almería solicita distintas penas de prisión al considerar que habrían incurrido en un delito contra la propiedad industrial se celebrará el próximo 22 de marzo.
Así lo han indicado fuentes judiciales, quienes han señalado que la vista oral contra los responsables de tres semilleros de la provincia llega después de que el Ministerio Público acusara a los empresarios de la "reproducción, comercialización y venta indiscriminada" de semillas de variedades vegetales protegidas legalmente, ya que sus derechos de propiedad los tenían otras casas de semillas, algunas de ellas extranjeras.
Según recoge la calificación provisional, la investigación se inició para esclarecer si en las empresas de los acusados se producía el tratamiento de variedades de semillas que ya contaban con el título de obtención vegetal por parte de otras sociedades para producir cinco variedades concretas de tomate.
Así, se llevó a cabo la inspección de los invernaderos que las entidades denunciadas regentaban en distintos núcleos poblacionales de Níjar durante el mes de agosto de 2012 a fin de concretar la actividad que allí se realizaba y la existencia de variedades copiadas.
Durante la inspección policial, los agentes encontraron "numerosos plantones de tomate" que habían sido "acondicionados" o estaban "a acondicionar" y que se correspondían con cinco variedades sobre las que previamente se había obtenido un título legal de obtención vegetal protegida, esto es, un título de derecho de propiedad industrial para la obtención de esas variedades.
Las partidas de tomates las poseían los acusados "sin contar con consentimiento alguno para su reproducción, acondicionamiento o comercialización" de las empresas titulares, algunas de ellas extranjeras, de los respectivos derechos.
El fiscal abunda en que los acusados eran "conocedores" de que esas variedades de tomate "estaban protegidas legalmente" y "registradas", pese a lo cual, tenían como fin comercializar con ellas la venta de productos hortofrutícolas.
Con esto, el Ministerio Público interesa un año de prisión para cada uno de los tres empresarios agrícolas así como una multa de 15 meses a razón de 12 euros diarios por un delito tipificado en el artículo 274.3 del Código Penal en su redacción anterior a la LO 1/2015.
