El Grupo Parlamentario Socialista han solicitado al Gobierno que aclare la actuación desarrollada en las zonas adyacentes a la carretera nacional 340 a la altura de la barriada de El Chuche, en Benahadux (Almería), ya que la misma habría afectado la zona "protegida, delimitada y amojonada como Bien de Interés Cultural desde mayo de 1999" en la que se halla un yacimiento arqueológico.
Los diputados nacionales Sonia Ferrer y Juan Jiménez Tortosa han solicitado a la Mesa del Congreso que contesten por escrito en qué han consistido los trabajos realizados en la zona y cómo se ha podido actuar en este área catalogada como BIC. Igualmente, han interesado conocer qué permisos se han solicitado al respecto, a qué administración se han solicitado y qué proyectos de actuación se han elaborado.
En su escrito, rubricado el pasado 28 de febrero y consultado por Europa Press, señalan que los trabajos realizados entre el 17 y 20 de febrero "han supuesto el desmonte y allanamiento de casi 8.000 metros cuadrados, obras que han invadido prácticamente los 1.000 metros cuadrados del yacimiento arqueológico prehistórico, ibérico, púnico".
Dicha actuación, según abundan los diputados, "ha afectado a una zona protegida" en la que "presuntamente, se ha destruido, al menos, una tumba tipo Millares de la Edad del Cobre, excavada entre
1971 y 1972 por los investigadores Ochotorena, Perceval y Francisco García 'Pituco', cuyos materiales arqueológicos guarda el Museo Arqueológico de Almería".
Con ello, instan a que se indique con detalle las obras realizadas en una zona "perfectamente conocida, delimitada y de gran valor histórico y cultural, patrimonio del municipio de Benahadux".
Cabe recordar que, en relación a esta actuación, la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Almería emitió un informe en el que se determinaba la necesidad de realizar una excavación arqueológica para ver el grado de afección en el yacimiento arqueológico.
Ese mismo informe fue trasladado a la Fiscalía Provincial de Almería a fin de que fuese el Ministerio Público el que determinara si procedía o no abrir diligencias de investigación ante un posible ilícito penal. Por su parte, la asociación Amigos de La Alcazaba presentó una denuncia en el mismo órgano para que se investigaran los hechos.
