La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar penas de entre diez años y nueve meses de prisión hasta un año y nueve meses para 15 personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico de droga a gran escala que tenía entre sus actividades la recogida de hachís procedente del norte de África en alta mar para su posterior venta y distribución al menudeo en provincias como Granada o Pontevedra.
Según el escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, la Fiscalía interesa cinco años y nueve meses de prisión para el grueso de la organización, compuesto por nueve miembros a los que acusa por un delito contra la salud pública y entre los que se encuentra un funcionario de Vigilancia Aduanera que supuestamente colaboraba con la red y su hermano, marinero en el puerto deportivo de Almerimar, en El Ejido (Almería), al que accedían las embarcaciones con la mercancía.
El fiscal sostiene que estos acusados se concertaron entre noviembre y diciembre de 2007 para realizar un traslado a España de un alijo de hachís, que iba a ser destinado por los mismos a la venta de terceros en el mercado ilícito, de modo que entre ellos se habrían provisto de lo necesario para ejecutar la operación "distribuyéndose diversos roles".
En este sentido, se habrían organizado para efectuar el traslado de la mercancía en la noche del 31 de diciembre de 2007 desde una nave nodriza procedente de Marruecos hasta un punto concreto en el mar donde sería recogida por varios de ellos a través del barco de recreo 'Lucky Time', que más tarde atracaría en el puerto deportivo de Almerimar.
Para ello, S.M.C., al que la Fiscalía pide diez años y nueve meses de prisión, habría contactado con F.P.R., trabajador del puerto que "daba cobertura legal y seguridad a la entrada de la embarcación" a través de un atraque "seguro" en zonas en las que pudiera pasar desapercibido.
El fiscal apunta además que el empleado portuario contactaba a su vez con su hermano, J.P.R., para conseguir "información privilegiada" al ser este miembro del servicio de Vigilancia Aduanera, con lo que habría proporcionado datos a los acusados "de horarios de patrullas y del helicóptero y del avistamiento de embarcaciones". Ante esto, el Ministerio Fiscal pide adicionalmente para él multa de 15 meses a razón de 12 euros diarios por un delito de revelación de secretos.
Así, durante la noche en la que se acordó ejecutar la operación, el Equipo de Delincuencia Organizada (EDOA) de la Guardia Civil consiguió intervenir la embarcación tras su llegada a puerto e intervenir 105 fardos de hachís de distinta pureza que arrojaron un peso total de 2,9 toneladas y que habrían alcanzado en el mercado negro un valor de más de 4,2 millones de euros.
A partir de este momento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de El Ejido (Almería) autorizó diversos registros en las viviendas y negocios de los sospechosos, a quienes se arrestó y se les intervino diferentes objetos. Así, llegó a incautarse a S.M.C. varias cantidades de cocaína, por lo que se le imputa un delito más contra la salud pública.
GRUPO PARA "DISTRIBUCIÓN Y VENTA"
La investigación continuó bajo el seguimiento de las conversaciones telefónicas y permitió el arresto de otros seis presuntos miembros de la organización, para quienes el fiscal interesa un año y nueve meses de cárcel, cuya función sería la "distribución y venta" de estupefacientes, de forma que cada uno de ellos tenía asignado "un rol" en coordinación con D.R.L.F., quien participaba de la recepción del hachís y a quien, en conjunto, el fiscal reclama siete años y medio de prisión.
En este caso, según la Fiscalía, la mercancía iba a ser trasladada "desde un punto de Granada hasta la localidad de Sanxenxo" en Pontevedra, para lo que los acusados se distribuían labores de guardería, alquiler de vehículos, transporte y compraventa en su destino.
Con esto, el 25 de enero de 2009, agentes de la Guardia Civil de Pontevedra localizaron el vehículo empleado para el traslado de casi 30 kilos de hachís distribuido en dos mochilas que transportaba uno de los acusados, de forma que se ejecutaron los pertinentes arrestos.
La operación policial conllevó la realización de 12 registros en domicilios y naves industriales en las localidades de Almería, El Ejido y Adra, además de en Granada y Pontevedra, así como la intervención de una embarcación de recreo, cuatro embarcaciones neumáticas de gran tamaño, 12 teléfonos móviles y tres vehículos, uno de ellos todoterreno de alta gama, así como diversa documentación financiera y operativa.
