El juicio por la macrocausa derivada de la operación 'Poniente' por presunta corrupción municipal y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) se ha iniciado este viernes con la absolución de cinco de los 49 acusados, quienes han abandonado la sala, al señalar con anterioridad al trámite de cuestiones previas que los delitos de los que se les acusaba han prescrito.

Los dos primeros casos han sido declarados al inicio de la primera sesión por la presidenta del tribunal, Társila Martínez, después de que el letrado de la Administración de Justicia diera cuenta de dos resoluciones dictadas por la Sección Primera de la Audiencia por las que se exime a Antonio C.G. y a María Jesús M.M. de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios por los que se les pedía 18 meses de prisión a cada uno y tres años de inhabilitación, así como una multa de 6.486 euros a cada uno.

En este sentido, se ha señalado un tercer recurso redactado "en los mismos términos" en relación a Francisco Gabriel G.L. y sobre el que la Sección Segunda rechazaba la prescripción de delito, por lo que la letrada María del Carmen Rodríguez Ordoñez, en representación de los funcionarios investigados, ha mostrado su "sorpresa" y ha solicitado que el tribunal se pronunciara sobre esta cuestión.

Así, ha detallado que los hechos imputados a su patrocinado se enmarcan en un periodo de entre 2004 a 2009 al estar ante un delito continuado de negociaciones prohibidas, si bien el auto por el que se le investigaba es del 26 de marzo de 2015, con lo que han transcurrido más de cinco años desde la supuesta comisión y, por tanto, procede la prescripción conforme al ordenamiento penal.

Ante tal situación, el fiscal Jesús Gázquez ha retirado su acusación, a lo que se han adherido el resto de partes acusatorias que conforman la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de El Ejido, el PP e IU, con lo que el tribunal también integrado por los magistrados Ignacio Angulo y Jesús Martínez Abad ha estimado el recurso y ha permitido que el investigado abandonara la sala libre de los cargos por los que se le pedían 18 meses de prisión y tres años de inhabilitación.

Una situación similar a la que han vivido el que fuera jefe de la Unidad Administrativa del Ayuntamiento de El Ejido Emilio G.A. y su esposa Natividad C.G. ya que, aunque su defensa no había presentado recurso con anterioridad, se les acusaba del mismo delito en las mismas fechas, con lo que se ha tenido en cuenta la prescripción.

El tribunal ha informado además de la desestimación de otros nueve recursos de apelación contra la continuidad de las actuaciones resueltos el pasado 8 de enero, entre ellos los elevados por la representación del exinterventor municipal José Alemán, para el que la Fiscalía pide 64 años de prisión, o del empresarios José Amate, quien fuera director de producción de la empresa mixta Elsur para el que piden 97 años de cárcel.

La sesión ha arrancado poco después de las 10,30 horas tras la llamada de todos los acusados a sala --entre los que figura una imputada que ha fallecido durante el procedimiento y que elevaría a 50 los acusados--, que ha sido encabezada por el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, a quien la Fiscalía pide 64 años de prisión por malversación, falsedad, cohecho y prevaricación.

Iniciado formalmente con 42 acusados el trámite de cuestiones previas, para las que se han reservado dos sesiones más el 17 y 24 de enero sesiones, el letrado del exalcalde y del empresario Jesús Aragón, Francisco Torres, ha pedido la prescripción de los 16 delitos fiscales por los que al entonces primer edil piden 52 años de cárcel y que suponen "el 84,5 por ciento de todas las penas" en relación a la causa; una solicitud que han reiterado otros seis letrados de la defensa en sus intervenciones.

"DAÑO" CON EL PROCESO 

El abogado de Enciso ha incidido además en la vulneración del derecho fundamental a tutela judicial efectiva, en la infracción del derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, ya que los hechos investigados datan de 2007, y en la vulneración del secreto de las comunicaciones, de modo que ha considerado que "debería volver a valorarse" la nulidad de las escuchas captadas durante la investigación, que han hecho "daño" a su patrocinado ante la publicación de su contenido en medios.

"La investigación se inició en marzo de 2007 y se judicializó en marzo de 2009, pero el secreto sobre las escuchas no se levanta hasta 2010 con reportajes en prensa", ha apuntado el letrado, quien en su escrito ya apuntaba a las consecuencias "devastadoras" que el caso ha tenido para su representado y su familia.

Por su parte, el abogado del exinterventor municipal, Francisco Ferre, ha incidido también en la prescripción de los delitos fiscales y ha solicitado la nulidad del proceso en base a una "investigación prospectiva y generalizada" que, a su parecer, habría vulnerado el derecho de tutela judicial efectiva de su cliente.

En la misma línea, también ha pedido la nulidad de las escuchas telefónicas y de determinadas resoluciones dictadas durante la investigación efectuada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería --entre ellas la orden de arresto que llevó a Alemán a estar nueve meses en prisión-- que, a su parecer, podría conllevar incluso el sobreseimiento de otros delitos que, de forma general, se verían afectados por unas dilaciones indebida al prolongarse la instrucción durante más de diez años.

ASISTENCIA A LAS SESIONES 

La primera sesión ha contado con la asistencia de todos los acusados salvo del director general de Befesa y vocal del consejo de Administración de Elsur José M.M., quien ha justificado su ausencia por enfermedad, y de David M.P., considerado 'modulero' de José Amate, cuya representación ha alegado "problemas económicos" para acudir a las sesiones debido al coste del desplazamiento.

Si bien el tribunal ha permitido la ausencia "no justificada" de este último acusado en el trámite de cuestiones previas ha advertido a los procesados que debErá asistir a las sesiones de interrogatorio, ante lo que varios letrados de las defensas han pedido la dispensa de sus representados durante las sesiones en las que no sea necesaria su participación.

El juicio por la presunta trama en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, por la que se habrían detraído 71,5 millones de las arcas públicas entre 2002 y 2009, ha arrancado inicialmente con 49 procesados para los que se pide un total de 1.545 años de prisión y 99 de inhabilitación para cargo público por 14 tipos delictivos. El importe total de las multas asciende a 884 millones de euros.