Los mínimos personales del IRPF: una cuestión de justicia fiscal y social

Publicado: 24/05/2023
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Nertis

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Sara Mateos, economista de Nertis ETL Global, aborda la necesidad de ajustar el IRPF a los mínimos personales
Los mínimos personales del IRPF determinan la cantidad de ingresos que están exentos de impuestos. Pues bien, estos mínimos no se actualizan desde el año 2014, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo y una injusticia social. Por eso resulta imprescindible ajustar el IRPF para que las familias no paguen dos veces el alza de precios: una en la cesta de la compra y otra cuando hacen la declaración de la renta.

Nos preguntaremos por qué no se han actualizado estos mínimos en tantos años, puesbásicamente por la falta de voluntad política, la necesidad de recaudar más ingresos, o la dificultad de consenso dentro del panorama político.

El impacto obviamente es negativo, sobre todo para las clases medias y bajas, que dependen de sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Al no actualizar los mínimos personales, se grava una parte de la renta que debería estar exenta, lo que reduce el nivel de vida y aumenta la desigualdad. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística de 2020, el umbral de riesgo de pobreza se situó en 9.116€ anuales por persona, casi el doble de lo que se establece el mínimo personal del IRPF.

Actualmente, el mínimo personal del IRPF es de 5.550€ anuales, una cantidad muy desfasada con respecto al coste de la vida actual y real. Con ese dinero no vive nadie hoy en día, ni siquiera en las zonas más humildes. Esta cantidad debería ajustarse a la inflación y al crecimiento económico. Según el índice de precios al consumo del INE, la inflación acumulada desde enero de 2015 hasta enero de 2023 ha sido del 19%.

El pasado mes de abril de 2022 hubo una propuesta de ley para incrementar estos mínimos personales, pero se quedó solo en eso, una mera propuesta que una vez más no llegó a buen puerto.

Es urgente que el Gobierno actualice los mínimos personales del IRPF y los haga más justos y equitativos. No solo es una cuestión de justicia fiscal, sino también de cohesión social y de estímulo al consumo y al ahorro. Los ciudadanos merecen un sistema tributario que respete su capacidad económica y contribuya al bienestar común.

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