Aunque la concentración se desarrolló de forma pacíficamente ruidosa y solo se cortó parcialmente la calle anexa al Parlamento, el intento de un grupo de sindicalistas de acceder a la Cámara provocó que el dispositivo policial -que es ya habitual cada vez que se unen sesión plenaria y convocatoria de protesta- les impidiera la entrada, lo que fue contestado por los manifestando con huevos y globos dirigidos a la entrada de la Cámara.
Tras el cierre de la verja de acceso, los manifestantes solicitaron autorización para acceder a la Cámara y entregaron en el registro del Parlamento su escrito de protesta, sin que se produjeran más incidentes, con el corte parcial de la calle, aunque impidiendo la salida y entrada de vehículos al Parlamento hasta cercanas las dos de la tarde, y lanzando consignas de petición de dimisión del presidente José Antonio Griñán.
El presidente del CSIF, Rafael Hurtado de Mendoza, explicó que el objetivo de la protesta era “hacer llegar a los partidos, y especialmente al PSOE, el malestar, desencanto y desesperación” del colectivo de funcionarios por los recortes salariales y el decreto.
Según el sindicato, han sido unos mil delegados de todas las provincias los que se reunieron ante el Parlamento, mientras su presidente anunciaba que continuarán las movilizaciones, la próxima este sábado con una manifestación en la capital andaluza, convocada también por la Plataforma “Defiendo mi derecho y la gestión pública” y por otros sindicatos, excepto UGT y CCOO.
Precisamente ayer esta plataforma quiso proclamar su independencia sindical y política frente a las acusaciones de “estar financiado por un partido político y de ser un seudosindicato que quiere imponer un gobierno de funcionarios”.
En un comunicado, la asociación salió al paso de estas acusaciones lanzadas por CCOO y UGT y por el PSOE, y alertó de que “hay colectivos que quieren el protagonismo que hasta ahora no han tenido” y aprovecharse del “protagonismo” que dicha plataforma ha conseguido “al margen de cualquier sindicato y organización”.
En este sentido, aclaró que dicha asociación es la convocante de la manifestación del próximo sábado en Sevilla (recibió la autorización el pasado día 10), a la que esperan que asista una afluencia masiva de funcionarios y empleados públicos para protestar contra el decreto de reordenación del sector, aprobado por el Gobierno andaluz y acordado posteriormente con CCOO y la UGT.
Apuntaron que reivindican la derogación del decreto “y no hay nada que negociar porque hacerlo sería plegarse a las intenciones del Gobierno autonómico, pisoteando los derechos de la ciudadanía”.
En la manifestación del sábado no quieren banderas de colectivos, de partidos o de sindicatos y demostrarán que “esto va más allá de ideologías políticas” porque son empleados públicos y creen en la administración y en su carácter de servicio público.
Ante el anuncio de algunos sindicatos como CSIF, entre otros, de acudir a la manifestación, ha pedido respeto a su trabajo y al de todos los empleados públicos, ya que van más allá del decreto al criticar “el despilfarro de dinero” de la Junta y estar en “contra de la dictadura del enchufismo”.
Por su parte, el líder de CCOO-A, Francisco Carbonero, defendió ayer ante sus delegados sindicales, la legitimidad de CCOO y UGT para llegar a un acuerdo con la Junta sobre este decreto frente a “intereses corporativos” de otros, consideró el documento un “error supino” del Gobierno andaluz y alertó de que no se sentarán a negociar más si no se plasmE en la legislación el acuerdo.
