En declaraciones a Europa Press, Aguilar incidió en que algunos depósitos de detenidos a disposición judicial "presentan unas condiciones bastante lamentables", y quiso poner de manifiesto que estos calabozos "están distribuidos por muchos municipios andaluces e incluso por capitales de provincia".
En este sentido, el coordinador del Área de Cárceles de APDH-A puso como ejemplo para ilustrar sus afirmaciones un caso que ya fue denunciado por la propia asociación, y que consistió en que "hasta nueve personas estuvieron recluidas casi dos días en tres calabozos individuales" pertenecientes a la Guardia Civil de Córdoba.
Al hilo de ello, y aunque reconoció que se trata de casos "puntuales", Aguilar precisó que esta situación se produjo a pesar de que la Policía Nacional "sí contaba con sitio" para los detenidos, por lo que apostó por que se mejore la coordinación entre ambos cuerpos "para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir".
Por último, y respecto a la propuesta realizada por el Defensor del Pueblo Andaluz para que el servicio de depósito de detenidos a disposición judicial pase a ser gestionado "directamente" por Policía Nacional y Guardia Civil, opinó que "es razonable, por lo que podría ser una buena medida".
Chamizo, que fue el encargado de entregar ayer a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, el informe 'Lugares de custodia de personas detenidas: depósitos municipales y otros calabozos policiales', argumentó que se trata de una propuesta "coherente" y no "exótica", por lo que opinó que el Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, "no tendrá inconveniente en aprobarla". "No parece que tenga mucho sentido seguir en la actual situación", apostilló.
Así, subrayó que la propuesta del informe -"ineludible para nosotros"- es que por parte del Ministerio del Interior, "al que se atribuyen no sólo las competencias penitenciarias sino también la administración general de la seguridad ciudadana y el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", se promueva un cambio legislativo tendente a derogar la Disposición Final Quinta de la Ley de Bases de Régimen Local, de manera que Policía Nacional y Guardia Civil pasen a gestionar en sus propias instalaciones el servicio de depósito de detenidos.
