La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso aprobó este martes, con competencia legislativa plena, la Ley de Economía Sostenible, cuyo objetivo es sentar las bases para un cambio de modelo productivo, mientras que la "ley Sinde", incluida en el texto, fue rechazada al votarse finalmente por separado.

Esto se debió a que la mayoría de grupos pidió que la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible -conocida como la "ley Sinde"-, que afecta a las páginas de descargas de internet, fuera votada de forma independiente al texto original del proyecto.

La ley de Economía Sostenible continúa ahora su trámite en el Senado con el objetivo del Gobierno de que esté lista a final de febrero.

Entre las enmiendas aprobadas destacó el acuerdo del PNV con el PSOE para prorrogar durante 40 años más la licencia que la Administración otorgó a la empresa Petronor para ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre en la localidad vizcaína de Muskiz.

Otras enmiendas están relacionadas con el respeto "escrupuloso" del marco competencial vigente, algo "imprescindible", según el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu.

También hay enmiendas que permiten que se amplíe de 5 a 7 el número de miembros de los órganos reguladores, circunstancia que, destacó Azpiazu, "cumple con el acuerdo presupuestario que otorgaba al PNV la capacidad de nombrar tres representantes en la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y el Consejo Postal".

Asimismo, de las enmiendas presentadas por el PSOE que fueron aprobadas destacan las destinadas a mejorar el funcionamiento presupuestario de los organismos reguladores y la Comisión Nacional de la Competencia, y para evitar que las entidades locales no remitan la liquidación de sus cuentas.

Otras enmiendas van dirigidas a agilizar y simplificar la constitución de sociedades mercantiles de capital.

En noviembre de 2009 el Gobierno aprobó el anteproyecto de la futura Ley de Economía Sostenible, con el que pretendía reconducir la economía con reformas en los organismos reguladores, los mercados financieros, la contratación pública y privada, la desgravación por vivienda y la creación de empresas.

Con esta ley, el Ejecutivo pretende que las empresas y los agentes económicos orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles.

Uno de los principales objetivos que se marcó esta ley fue establecer principios de buena regulación económica para crear un marco normativo estable con bajo nivel de cargas administrativas.