Cuando hace unos días Valadez decía aquello de que “el próximo lunes todos los concejales de Estepona se retratarán levantando la manita, no haciéndolo o yéndose al baño”, seguramente no era consciente de estar viviendo un deja vú.
Porque yo que, como saben, gozo de la inteligencia de los tontos – la memoria – recuerdo perfectamente al ahora alcalde y a su concejala de confianza ausentarse de aquellos plenos en los que se aprobaban asuntos con los que no estaban de acuerdo o les generaba algún tipo de dudas, especialmente si quién estaba muy interesado en los mismos era el anterior alcalde y sus entonces socios, enemigos más tarde y, el tiempo dará o quitará razones, aliados por activa o pasiva en la aprobación del presupuesto que se debatirá el próximo lunes. Y en un futuro próximo porque ambicionan un objetivo común: impedir una mayoría absoluta tan necesaria como complicada.
Un presupuesto del que se ha hablado suficientemente, para mal, que no se sostiene ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista económico. Un presupuesto que carece de sentido salvo para cercenar las posibilidades de quién venga tras el caos y con el que únicamente se pretende acceder a una operación de tesorería, probablemente ya negociada, que suponga un respiro en el pago de la nómina hasta las elecciones del mes de mayo. Cuando repaso mis notas de hace más de un año y las hemerotecas, no puedo menos que sonreír ante las reiteradas declaraciones de Valadez en las que acusaba al partido popular de torpedear una operación de crédito para el pago de proveedores. Pretendía echar a los pequeños empresarios esteponeros en contra del grupo político que se oponía a la ruina definitiva del Ayuntamiento, haciéndole responsable del fracaso de una operación de crédito que este presupuesto que hoy nos ponen por delante demuestra claramente que no se podía amortizar por falta de recursos para atender las cuotas.
Lo anterior, con ser importante, no es más que una pequeña muestra del cúmulo de disparates y trampas que esconde el documento confeccionado por algún día se sabrá quienes y con que propósito. Uno de ellos, con toda seguridad objetivo prioritario de Valadez, consiste en colocar al partido popular y quienes le acompañan en los bancos de la oposición ante las iras de unos trabajadores que, no les quepa la menor duda, coparán los asientos del plenario. El presupuesto no es más que una disculpa para convertirse en paladín de la integración de los trabajadores en el Ayuntamiento. Sin consignación presupuestaria, eso sí. Un brindis al sol ejecutado por quién – que frágil memoria la de los trabajadores – se desmarcaba de las empresas en su etapa de concejal de personal y manifestaba reiteradamente que él era, únicamente, responsable de funcionarios y personal laboral dejando a quienes ahora le siguen el juego fuera de sus competencias. Lamentablemente, los trabajadores volverán a picar el anzuelo y lanzarán sus iras contra la derechona que les impide acceder a la función pública contra todo derecho y con el único argumento de su desigualdad, demérito e incapacidad.
Si yo tuviera la responsabilidad de sentarme el próximo lunes en el salón de plenos tengo claro que no iba a hacerle el juego a quienes pretenden hacer responsable a la oposición de sus propios errores y carencias. El Interventor, el mismo que emite un informe en el que pone de manifiesto los incumplimientos legales y omite sus consecuencias, debe ser quién de respuesta a las dudas de los concejales y sitúe al Equipo de Gobierno ante sus propias miserias. El funcionario debe aclarar a la oposición si el incumplimiento de la Ley de Haciendas Locales supone la nulidad de pleno derecho del presupuesto o simplemente la posibilidad de ser anulable en base a las alegaciones que se pudieran presentar por los distintos grupos políticos. Con eso debe bastar para que a nadie le quepa la menor duda de quién es el que miente, manipula y engaña.
Y al salón de plenos, con los deberes hechos y convenientemente liberados de incontinencias, pipís y popós.
Un presupuesto del que se ha hablado suficientemente, para mal, que no se sostiene ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista económico. Un presupuesto que carece de sentido salvo para cercenar las posibilidades de quién venga tras el caos y con el que únicamente se pretende acceder a una operación de tesorería, probablemente ya negociada, que suponga un respiro en el pago de la nómina hasta las elecciones del mes de mayo. Cuando repaso mis notas de hace más de un año y las hemerotecas, no puedo menos que sonreír ante las reiteradas declaraciones de Valadez en las que acusaba al partido popular de torpedear una operación de crédito para el pago de proveedores. Pretendía echar a los pequeños empresarios esteponeros en contra del grupo político que se oponía a la ruina definitiva del Ayuntamiento, haciéndole responsable del fracaso de una operación de crédito que este presupuesto que hoy nos ponen por delante demuestra claramente que no se podía amortizar por falta de recursos para atender las cuotas.
Lo anterior, con ser importante, no es más que una pequeña muestra del cúmulo de disparates y trampas que esconde el documento confeccionado por algún día se sabrá quienes y con que propósito. Uno de ellos, con toda seguridad objetivo prioritario de Valadez, consiste en colocar al partido popular y quienes le acompañan en los bancos de la oposición ante las iras de unos trabajadores que, no les quepa la menor duda, coparán los asientos del plenario. El presupuesto no es más que una disculpa para convertirse en paladín de la integración de los trabajadores en el Ayuntamiento. Sin consignación presupuestaria, eso sí. Un brindis al sol ejecutado por quién – que frágil memoria la de los trabajadores – se desmarcaba de las empresas en su etapa de concejal de personal y manifestaba reiteradamente que él era, únicamente, responsable de funcionarios y personal laboral dejando a quienes ahora le siguen el juego fuera de sus competencias. Lamentablemente, los trabajadores volverán a picar el anzuelo y lanzarán sus iras contra la derechona que les impide acceder a la función pública contra todo derecho y con el único argumento de su desigualdad, demérito e incapacidad.
Si yo tuviera la responsabilidad de sentarme el próximo lunes en el salón de plenos tengo claro que no iba a hacerle el juego a quienes pretenden hacer responsable a la oposición de sus propios errores y carencias. El Interventor, el mismo que emite un informe en el que pone de manifiesto los incumplimientos legales y omite sus consecuencias, debe ser quién de respuesta a las dudas de los concejales y sitúe al Equipo de Gobierno ante sus propias miserias. El funcionario debe aclarar a la oposición si el incumplimiento de la Ley de Haciendas Locales supone la nulidad de pleno derecho del presupuesto o simplemente la posibilidad de ser anulable en base a las alegaciones que se pudieran presentar por los distintos grupos políticos. Con eso debe bastar para que a nadie le quepa la menor duda de quién es el que miente, manipula y engaña.
Y al salón de plenos, con los deberes hechos y convenientemente liberados de incontinencias, pipís y popós.
