Nancy Huaman emigró de Perú a Fuerteventura hace 17 años cargada de sueños, entre ellos encontrar trabajo para traer a su hijo Jesús, con un 71 % de discapacidad intelectual. Lo logró en 2014, pero ahora le quita el sueño cómo podrá superar el chico el examen de la nacionalidad española sin saber leer y sin apenas capacidad de comprensión.
Hace unas semanas Jesús participaba en una batucada con otros compañeros de Adisfuer, la asociación de discapacitados de Fuerteventura. A los asistentes les sorprendió la habilidad del joven, de 34 años, con la batería.
Tocaba ajeno al temor que viven sus padres desde enero, cuando el Ministerio de Justicia le dio seis meses para realizar la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE).
A los seis meses de nacer, Jesús sufrió una meningitis que le dejó secuelas físicas y un retraso mental. "Convulsionó y quedó con una dificultad motora, su cuerpo era como una gelatina, no se sentaba, pero a base de rehabilitación fue recuperando la capacidad motora, aunque le quedó una discapacidad intelectual", cuenta su madre a EFE.
Nancy y su marido, Jesús, vivían en Lima. Él trabajaba en un mercado de abastos y ella al frente de un pequeño negocio de frutas y verduras, pero los dos sueldos no daban para llenar la nevera y pagar la educación de sus hijos.
Un día se les pasó por la cabeza emigrar. El primero en subirse al avión fue Jesús y a los dos años, en 2007, Nancy y su hijo César, el más pequeño. Jesús quedó a cargo de su hermana mayor.
Elegir entre sus tres hijos
"Por la nómina de mi marido, no me permitían traerme a los otros hijos. Se me desgarraba el corazón, me sentía dividida, tenía la mitad aquí y la otra mitad allá", explica Nancy.
La mujer reconoce que traerlo fue librar "una gran batalla". Remaba en contra de los problemas económicos: "Mi marido era el único que portaba dinero pero lo que ganaba no cubría el pago de la casa, agua, luz, teléfono y, encima, teníamos que mandar dinero a nuestros hijos, vivíamos muy apretados", explica.
Al principio trabajó en la economía sumergida hasta que pudo encontrar un contrato, conseguir el permiso de residencia y, años más tarde, la nacionalidad española.
Tras años de burocracia y miles de obstáculos, en 2014 se pudo traer a Jesús, un chico al que su madre define como "muy fuerte a pesar de todo lo que le ha pasado".
Jesús tiene una discapacidad del 71 %, reconocida por el Gobierno de Canarias.
"Es como un niño de Preescolar"
Nancy cuenta que el muchacho "no sabe leer ni escribir, es como un niño de Preescolar". "No tiene sentido de la ubicación", explica, "hay que cocinarle, ayudarle en el baño y, por ejemplo, abrocharle la ropa y salir acompañado a la calle porque se desubica y temo que lo pueda atropellar un coche".
Aún así, es un ejemplo de superación. En 2018 empezó a trabajar, a media jornada, en la planta de reciclaje del Complejo Ambiental de Zurita, a través de Adisfuer, organización en la que Jesús ha cuadrado a las mil maravillas y no duda en apuntarse a cualquier actividad que organicen: bola canaria, talleres de cocina, grupos de música...
"Está muy integrado en la comunidad majorera, dice que este es su país y que no quiere irse a ningún otro sitio", comenta su madre orgullosa.
Hace algún tiempo, sus padres iniciaron el papeleo para conseguirle la nacionalidad española, y el pasado 24 de enero el Ministerio de Justicia le envió una carta en la que les comunicaba que "no se le concede la dispensa para la realización de la prueba CCSE porque la naturaleza de la dificultad, la edad, discapacidad o impedimento alegado, no es causa suficiente".
Y añade: "La documentación aportada y las circunstancias particulares del caso no infiere una dificultad de aprendizaje que impida la superación de las pruebas".
Además le informaban de que tenía seis meses para presentarse a los exámenes del Instituto Cervantes para obtener la nacionalidad. Surgió, entonces, el temor de su madre a cómo podrá aprobar Jesús sin saber leer ni escribir.
No hay exámenes para personas con discapacidad intelectual
Una Orden del Ministerio de Justicia establece: "El Instituto Cervantes ofrecerá actuaciones especiales en la administración de las pruebas DELE y CCSE para las personas con discapacidad, de modo que dispongan de los apoyos y de los ajustes razonables que les permitan concurrir en condiciones de igualdad efectiva".
Desde hace años, Nancy cuenta con el apoyo de la asociación Entre Mares. La técnica de migraciones María Greco explica que la Orden de Justicia contempla pruebas específicas para personas con discapacidad auditiva, visual o para aquellos que no saben leer ni escribir.
Sin embargo, apunta, no recoge, en ninguna parte de esos requisitos, "exámenes especiales para personas cuya capacidad intelectual no llegue al mínimo".
Greco subraya que la normativa "no contempla casos como el de Jesús, con discapacidad intelectual, tampoco los criterios de integración, pues él trabaja media jornada; está dado de alta; colabora con una asociación en todas las actividades culturales...", y agrega que "esos criterios certificados por la asociación deberían ser más que suficientes para no tener que hacer ningún examen".
La técnica de Entre Mares comparte el temor con la madre del joven: "Él no va a poder hacer ese examen porque no va a comprender lo que se le está preguntando". Y Nancy apostilla que "no va a saber responder a nada de la Constitución, ni cuántas comunidades o ríos hay".
La familia ya ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo que ha sido admitida a trámite.
En unas horas, Nancy tendrá que ir a recoger a Jesús al trabajo. Antes de irse, muestra, de nuevo, su angustia: "Mi marido y yo nos estamos haciendo mayores y mi preocupación es qué será de Jesús; quiero que tenga todas las posibilidades como cualquier español y que no las pierda por no saber responder a un examen".
