El Gobierno se ha referido este miércoles a la intención del Ayuntamiento de Sevilla de "acotar" parte de la Plaza de España, en concreto, entre la balaustrada y los bancos de cerámica de las provincias, para el cobro a turistas pese a que la limitación no afectaría al edificio y se garantizaría, según la propuesta municipal, el libre acceso a las dependencias estatales del monumento, que alberga la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, entre otras sedes.
Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, en una entrevista en Canal Sur Radio, donde ha recordado, precisamente, que una parte importante del recinto monumental es de Patrimonio del Estado y tiene que ver "no solamente con los edificios sino con la galería y con las hornacinas donde aparecen todas las provincias y su paso de servidumbre".
"Me parece que es un verdadero error limitar un espacio que, además, desde el punto de vista urbanístico en el Plan General está considerado espacio libre, que significa eso mismo y no otra cosa", ha añadido el delegado del Gobierno. "Ponerle obstáculos, para que lo visiten fundamentalmente personas que vienen de fuera, como pasa ya con el barrio de Santa Cruz, es un error".
"Yo que tengo la suerte de disfrutar mucho de la Plaza de España, del Parque María Luisa y demás, considero que es un entorno indivisible absolutamente y no respondería a ese 'abrazo' a Iberoamérica que se pretendía por parte de su arquitecto, Aníbal González", ha abundado.
No obstante, el alcalde, en reiteradas ocasiones, ha afirmado que el cobro de una entrada sería a quien visite el espacio de la Plaza "que pertenece al Gobierno local", puesto que "el edificio es otra historia", y tanto sevillanos como residentes estarían exentos.
A mediados de febrero, la propuesta municipal de cerrar todo el conjunto monumental mediante un convenio con el Estado --como cotitulares-- ya se encontró con el rechazo frontal del Ejecutivo, que criticó "el intento de privatización" de la medida.
De fondo, la idea en el Gobierno local de lograr ingresos con los que financiar la conservación del monumento y mantener un servicio de vigilancia las 24 horas del día en el mismo, así como la apertura de una escuela o taller de restauración con la Plaza de España como objeto de actuación.
