El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado jueves la suscripción de una adenda de modificación de su convenio con la Junta para la financiación del tramo norte de la línea tres del metro de Sevilla, cuyas obras están en marcha en Pino Montano con una inversión requerida de más de 1.300 millones de euros a pagar a partes iguales entre ambas administraciones; toda vez que ya en octubre el Gobierno había autorizado una modificación de sus compromisos en este aspecto, por la "nueva programación actualizada de ejecución" planteada por la Junta respecto a las obras.

Ya en octubre, la Dirección General del Sector Ferroviario, según el Gobierno, solicitaba una autorización para adecuar la aportación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "al nuevo programa de ejecución del proyecto, algo propuesto por la Junta de Andalucía" como promotora de estas obras.

"De esta forma, con este acuerdo del Consejo de Ministros, se reprograman las aportaciones pactadas por el Gobierno y la Junta, de acuerdo con la reprogramación de inversiones que hace la Junta de Andalucía, pero el montante global no varía", señalaba el Gobierno entonces, recordando que merced al convenio de financiación firmado con la Junta, cada una de las dos partes abonará 650,6 millones de euros.

El Gobierno invocaba en ese sentido el convenio firmado con la Junta el 25 de enero de 2023 para la financiación de estas obras del tramo norte de la línea tres del metro, que avanzan en Pino Montano.

El Convenio de 2023

El texto de dicho convenio de 2023 recoge que cada administración aportará el 50% del coste de las obras, así como el de la dirección de obras, asistencias técnicas, control ambiental, control de calidad, coordinación de seguridad y salud de las obras, reposición de servicios afectados y las expropiaciones. Tal y como recoge el acuerdo, el Ministerio de Transportes realizaría una primera transferencia a la Junta de 20,2 millones de euros antes del 30 de junio de 2023 en concepto de anticipo para iniciar las obras.

Asimismo, a partir de 2024, las siguientes aportaciones se abonarán antes del 31 de diciembre de cada año en función de las inversiones "ejecutadas y justificadas" por la Junta de Andalucía. Es decir, una vez que la Junta haya "acreditado los gastos realizados" entre el 1 de noviembre del año anterior y el 31 de octubre del año en curso, el Ministerio transferirá el 50% de la cuantía justificada, hasta el máximo de la anualidad prevista por el convenio para ese ejercicio, teniendo en cuenta el anticipo realizado en 2023 y los fondos europeos no estructurales que "se pudieran obtener".

A partir de ahí, según el Gobierno, en las reuniones de la comisión de seguimiento del convenio celebradas el 29 de mayo de 2023 y el 22 de julio de 2024, la Junta de Andalucía presentó "una nueva programación actualizada de ejecución de las actuaciones, acordándose ajustar las aportaciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a las nuevas necesidades de financiación".

La nueva programación de aportaciones estatales

En la nueva programación de aportaciones estatales acordada en octubre, la transferencia de 47 millones de 2024 queda reducida a 8,9 millones, mientras las mayores inversiones corresponden a los ejercicios 2027, 2028 y 2029, con 173,8, 159 y 140,9 millones de euros respectivamente.

"Por todo ello, al superarse los límites y número de anualidades establecidos en la Ley General Presupuestaria para los ejercicios 2025 a 2030, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el compromiso de gasto y reajustar las anualidades conforme a la nueva programación", concluía el Gobierno.

Esta reprogramación de las aportaciones del Estado al proyecto derivó en una intensa polémica política, al manifestar el alcalde popular de Sevilla, José Luis Sanz, su temor a la posibilidad de que el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez ralentizase sus entregas económicas en favor de las inversiones en Cataluña; tras lo cual el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente; negaba tal extremo y alegaba que todo deriva de que "el ritmo de ejecución de las obras del metro, que lleva a cabo la Junta de Andalucía y que cofinancia el Gobierno, se ha retrasado".