El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 6 de Sevilla ha dictado una sentencia por la que desestima un recurso presentado por la propiedad de una residencia de estudiantes que operaba presuntamente sin licencia municipal en la calle Albareda, junto a la Plaza Nueva, en pleno corazón de la capital de Andalucía.
El fallo judicial avala, pues, la orden dictada por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla en virtud de la cual dispuso la suspensión del uso de residencia estudiantil en cuatro plantas más la azotea de un edificio situado en la calle Albareda, entre la Plaza Nueva y la calle Méndez Núñez.
El caso se remonta al año 2021, cuando agentes de la Unidad de Policía Turística del Cuerpo de la Policía Local realizaron una visita al inmueble y al pedir la documentación para comprobar los permisos municipales con que contaba vieron que, a su juicio, no constaba que se hubiera otorgado autorización para el desarrollo de la actividad como residencia de estudiantes.
Asimismo, la Policía Turística reportó que había observado la ejecución de una reforma tal que se había acabado redistribuyendo interiormente todo el edificio, de forma que en la primera planta se había habilitado una oficina, un salón para la celebración de eventos, seis habitaciones para estudiantes y dos baños. En la segunda planta se conformaron ocho habitaciones, dos baños, una cocina y un comedor.
En la tercera planta fueron adaptadas ocho habitaciones, dos baños, cocina y comedor. En la cuarta planta se habían hecho siete habitaciones, dos baños, cocina y comedor, siendo ésta la de menor superficie, con 178 m2, ya que las otras tres plantas medían 204 m2.
Además, los agentes informaron de que en la azotea se había construido una piscina de 12 m3 de superficie y una pérgola de 20 m2, pese a que se hallaban a una altura superior a la prevista para esta zona de la ciudad por el Plan General de Ordenación Urbana.
Tras este informe de la Policía Turística, la Gerencia de Urbanismo, cuyo titular es Fernando Vázquez Marín, ordenó la suspensión de la actividad como residencia estudiantil, orden que fue incumplida por la propiedad del inmueble. La Gerencia entonces le impuso una sanción de 10.380 euros y exigió la demolición de la piscina y de la pérgola en la azotea y que se realizaran los trámites administrativos y urbanísticos que se habían omitido en relación con el resto de obras ejecutadas.
La propiedad del edificio reaccionó presentando un recurso ante la propia Gerencia en el que pidió la revocación de las órdenes dictadas. Argumentó en síntesis que el inmueble no se había dedicado a residencia de estudiantes y que el informe técnico realizado por Urbanismo había inflado el valor de las obras realizadas, para las que decía haber solicitado en su día la correspondiente licencia.
La Gerencia desestimó el recurso, tras lo cual la propiedad presentó otro ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 6 de Sevilla, el cual lo ha desestimado y dado, pues, la razón a la Gerencia de Urbanismo cuando decretó el final del uso como residencia estudiantil del inmueble.
