El alcalde de Cádiz, Bruno García, a propuesta del Grupo Municipal Popular, convocará la celebración de un Pleno Extraordinario sobre Vivienda, que se va a llevar a cabo en la primera quincena de febrero, y del que ya ha informado a los portavoces de los dos partidos de la oposición, según explica el Gobierno local.
García ha asegurado que "desde que iniciamos el mandato hemos puesto todo nuestro empeño para la creación de nuevas viviendas. Este Pleno debe servir para incidir en ello y también para que éste sea un tema de ciudad en el que todos los partidos y administraciones nos impliquemos de lleno".
En la exposición de motivos de la convocatoria se refleja que la viviendas es "desde hace tiempo, junto con el empleo, uno de los problemas que más afecta a la ciudad de Cádiz, en particular, y a toda la comunidad autónoma de Andalucía y España en general".
Asimismo, en el argumentario del Grupo Municipal del Partido Popular se hace un recorrido por las políticas municipales en materia de vivienda a lo largo de todos estos años. En este sentido, se señala que en la etapa entre 1999 y 2015 se pusieron en pie 2.000 viviendas, entre ellas las que se levantaron en el nuevo barrio de Astilleros, la rehabilitación del casco histórico y el acceso a las mismas por parte de los jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra.
A todo ello le siguió "una etapa de ralentización" que llegó hasta 2023, donde "solo se entregaron 63 viviendas en ocho años" y sin que se iniciara ningún proceso de expropiación que facilitara la creación de nuevas viviendas.
En la citada exposición de motivos del Grupo Municipal Popular, recogida en una nota por el Gobierno local --que integran los 'populares'--, se añade que "la falta de interés por dotar presupuestariamente en el citado período a Procasa, empresa municipal dedicada a la construcción de vivienda pública, se ha revertido desde 2023 con la aportación de fondos que han superado ya los diez millones de euros y la puesta en marcha de proyectos estancados". Gracias a ello, "están en diferentes fases promociones municipales en la ciudad con un saldo de 106 viviendas públicas, destinadas en un 83 por ciento a alquiler social".
A ello, continúa el Ejecutivo municipal, se unen las acciones de otras administraciones como la Junta de Andalucía, que ha culminado la segunda fase de Matadero, ha iniciado 202 viviendas en el triángulo de Puntales, ha licitado la séptima fase del Cerro del Moro y ha firmado con el Ayuntamiento un convenio encaminado a aumentar el número de viviendas que se pueden construir en la ciudad.
Por su parte, el Gobierno de España, a través de la Zona Franca y Sepides, acordó con este Ayuntamiento el desarrollo de una operación en Navalips donde se incluye la construcción de 800 viviendas, "aunque a diferencia de las anteriores promociones citadas, aquí solo 400 tendrán el carácter de vivienda pública".
En este tema también está el fenómeno de las viviendas turísticas, "que han crecido desde que hay registro oficial de las mismas, en 2016, hasta alcanzar las 2.600, aunque en 2024, por primera vez desde entonces, el número de VUT (viviendas de uso turístico) en la ciudad ha descendido".
De este modo, las actuaciones en las vivienda citadas por parte de las tres administraciones, "aunque esperanzadoras, creemos que son insuficientes para atajar el problema de falta de vivienda que sufre la ciudad". Por ello, desde el Grupo Municipal Popular se estima "más que justificado" celebrar un Pleno Extraordinario que "sea capaz de aunar el reciente interés de esos actores con el trabajo que se viene realizando por todos, en esta ciudad para abordar la situación de déficit de vivienda".
PROPUESTAS
Para ello, el Grupo Municipal Popular, que forma el equipo de Gobierno de la ciudad, propone, en primer lugar, que el Ayuntamiento encargue a Procasa el impulso definitivo de la actuación de vivienda en la Barriada Manuel de Falla, más conocida como Tacita de Plata. Asimismo, estima que se intensifique por parte de este ayuntamiento el trabajo para iniciar cuantos expedientes de expropiación de fincas sea posible "a tenor de los recursos disponibles y las condiciones físicas y legales de las fincas susceptibles de ese proceso de expropiación".
También propone el impulso por parte del equipo de Gobierno de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) encaminada a incrementar las opciones de construcción de vivienda pública en aquellos suelos que sean susceptibles de dicha modificación. Además, en esa modificación se prohibiría el uso de hospedaje en la fincas con protección de grado uno.
En la propuesta, que consta de ocho puntos, se encuentra que se apruebe sacar a licitación la contratación de una herramienta de análisis, diagnóstico y control en tiempo real del parque de vivienda público y privado de la ciudad, "con el objetivo de identificar el número de viviendas vacías, solares sin uso, viviendas de uso turístico registradas u operando en plataformas sin los permisos necesarios, entre otros".
El punto quinto es el impulso de medidas que permitan la recuperación de viviendas vacías para el mercado de alquiler y, entre ellas, "las que legalmente puedan encaminarse a la imposición de penalizaciones fiscales a las viviendas vacías".
La continuación por parte del equipo de Gobierno de medidas para restringir la implantación de viviendas turísticas para que no superen el cuatro por ciento del número total del parque residencial de la ciudad "que se estableció en el anterior mandato como índice óptimo para Cádiz".
Y, por último, instar tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de la Nación para desarrollar las operaciones de viviendas que ya tienen entre manos. En el caso de la Junta que "aproveche cualquier oportunidad de suelo existente y desarrollando el convenio firmado hace escasas fechas". En el del Gobierno de la Nación para que "se implique en la búsqueda de oportunidades de suelos susceptibles de acoger la construcción de vivienda pública".
