La portavoz de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha celebrado esta mañana la resolución emitida por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que solicita la creación de una comisión de expertos para evaluar adecuadamente el impacto que tendrá sobre el Guadalquivir el volcado de 85.000 millones de litros de aguas tóxicas procedentes de la mina de Aznalcóllar. En opinión de la dirigente, el informe elaborado por el equipo de Jesús Maeztu pone de manifiesto la enorme incertidumbre existente en la sociedad civil sevillana como resultado de la reapertura de la mina, al tiempo que recuerda la aplicación del principio de precaución, “posibilidad que la Junta de Andalucía ha obviado deliberadamente en todo momento”.
“Como se recoge en el tratado de la Unión Europa bajo el precepto del principio de precaución, en caso de que una determinada política o acción pudiera causar daños a las personas o al medio ambiente y no existiera consenso científico al respecto, la política o acción en cuestión debería abandonarse”, ha recordado Hornillo, que espera que el Gobierno autonómico haga caso al conocimiento científico “antes de mantener políticas hostiles” hacia los ecosistemas y la salud de los habitantes del entorno del río.
En esta línea, Hornillo ha instado al presidente Moreno Bonilla a constituir de forma inmediata la comisión de expertos sugerida por Maeztu en su resolución y solicitar los informes preceptivos tanto al Consejo de Participación de Doñana como a los organismos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica. “Es hora de evaluar el proyecto de Aznalcóllar como corresponde y esperamos que ninguna administración decida omitir su responsabilidad en este asunto”, ha apuntado la concejala, que también ha criticado la inacción del Gobierno municipal de José Luis Sanz ante el impacto de los vertidos en la ciudad.
Con esta resolución, el Defensor del Pueblo culmina la solicitud cursada el pasado mes de mayo de 2024 por las formaciones políticas Podemos Sevilla, Los Verdes Andalucía, Alianza Verde y Alternativa Republicana, junto a la Plataforma Ficus de San Jacinto, que alegaron, entre otros argumentos, que los informes de impacto ambiental asociados al proyecto minero carecían de rigor científico al no contemplar los efectos sinérgicos que provocarían los vertidos al sumarse a los agentes contaminantes provenientes de la mina de Cobre Las Cruces; asimismo, la documentación ambiental tampoco tenía en cuenta en sus mediciones de contaminación las dinámicas hídricas del estuario como resultado de las mareas, las cuales harían que los metales pesados permanezcan en el fondo del cauce durante años. En este sentido, las entidades denunciantes trasladaron al Defensor el informe elaborado por el catedrático de Ecología de la US, Jesús Castillo, que alerta de la peligrosidad de los vertidos y la elevada probabilidad de que la contaminación por metales pesados se traslade a la flora y fauna del entorno del río, llegando a afectar a los cultivos de arroz, la cría de alevines, o las ganaderías que pastan en las cercanías del estuario.