La nueva tasa de residuos, que el Gobierno de José Luis Sanz llevará a Pleno extraordinario el día 30 para su aprobación inicial, contempla que sea Emasesa, a través de su factura del agua y como ya se hace con la tasa de basuras, sea la que realice el cobro del recibo de las viviendas y que establece un pago de 1,15 euros por empadronado en cada vivienda, aunque finalmente el texto incluye una serie de bonificaciones y exenciones para familias y locales.
El artículo 10 de la nueva ordenanza, que se verá este lunes en la Comisión de Hacienda como paso previo al Pleno, establece que Emasesa incorporará “de forma diferenciada” en el recibo del agua la tasa por la prestación del servicio de gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, diferenciándola de la tasa de basura actual, y que serán los usuarios titulares del servicio (obligados tributarios) los que deberán comunicar cualquier variación.
En cuanto al resto de actividades, los titulares “están obligadas a presentar en la Agencia Tributaria de Sevilla en el plazo de un mes” las solicitudes de inicio, ceses o cualquier otra circunstancia que afecte al desarrollo de la actividad “y tenga incidencia en la determinación de la cuota correspondiente”, que van desde los 0,99 euros de un piso turístico en una calle de cuarta categoría a los 12.310 euros de un hospital con contenedores de uso exclusivo o compactadores estáticos.
La redacción de la ordenanza ha incluido en su último texto una serie de reducciones de cuota que incluye bonificaciones automáticas del 25, 50, 75 y 100% para las unidades familiares en riesgo de exclusión o vulnerabilidad social, tal y como realiza ya Emasesa con el agua potable. Para los “recicladores”, contempla una reducción del 1% de la cuota para viviendas cada vez que las personas físicas utilicen los puntos limpios de Lipasam o el servicio de recogida de enseres, con un máximo del 5% en total y deducibles en el siguiente ejercicio.
Para los locales, esas deducciones serán del 10% siempre que lo soliciten con antelación y realicen la entrega en bolsas biodegradables y cuenten además con una certificación emitida por una agencia de evaluación acreditada que esas bolsas cumplen con los estándares técnicos de biodegradabilidad.
Ésta era una de las principales reclamaciones del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), que se establecieran bonificaciones y deducciones fiscales, pero lo que no se solventa es la doble fiscalidad que supone esta nueva tasa de gestión de residuos, ya que la actual tasa de basura, que en Sevilla capital se paga en la factura del agua, recoge el coste de parte de esos servicios.
De hecho, en el informe al respecto realizado por el Tribunal Económico Administrativo (TEA) alude en varias ocasiones a esa doble fiscalidad y apunta que “la existencia de dos ordenanzas podría inducir a los sujetos pasivos de ésta a confundir los hechos imponibles y tarifas de ambas en algunos aspectos”.
Así, apunta que el establecimiento de esta tasa se podría haber llevado a cabo “estableciendo una única ordenanza, ya reduciendo las dos en una o derogando la actual para aprobar la nueva”, incluyendo la actual tasa de basura y “de forma diferenciada los nuevos costes” de adaptación a la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados (LRSC) para una Economía Circular.
El TEA además cuestiona algunos de los costes que se incluyen en la ordenanza, más aún cuando la LRSC fija que no puede ser deficitaria, es decir, que lo que se cobre es lo que cuesta el servicio. Así, cuestiona que no se establezca el importe de los ingresos que se va a generar con esta tasa “que cubra o al menos se aproxime al coste real de los servicios”, sin contemplarse tampoco la responsabilidad ampliada del productor para costear el servicio, la venta de materiales y energía, ni siquiera definir qué residuos serán tratados con esa tasa, cuando la actual de basura ya los contempla.
De hecho, cuestiona que se cite que el coste del impuesto de depósito de residuos (lo que termina en Montemarta-Cónica) es de 9,86 millones pero “no se recoge qué cantidad se sufraga con la actual tasa de recogida domiciliaria de residuos”; tampoco se refleja el número de nuevos inspectores para vigilancia (cuando el coste se establece en 2,1 millones); y se establece un coste por planta de transferencia de 1,9 millones cuando ya existe, funciona y se paga con la tasa de basuras actual, que también recoge los 2,3 millones en contratos de gestión de residuos que ahora se suman a los costes.
En cuanto a la implantación del pago por generación, que reconoce que es “ambiguo” en la Ley, sí que apunta que “podría incrementarse en el futuro y que, junto con otras medidas, incentiven aún más el reciclaje por parte de los sujetos pasivos”.
Enmiendas de PSOE e IU y oposición frontal de Vox
Los grupos municipales han rechazado por regla general lo apresurado de la redacción de la ordenanza, que debe entrar por Ley en vigor en abril y condiciona los plazos de aprobación.
Así, el PSOE, que exige al Gobierno de Sanz que reclame a la Junta los 10 millones recaudados por esta tasa los últimos dos años, reclama en sus enmiendas a la ordenanza una sola ordenanza que integre basuras y residuos.
Además, cuestiona el coste total que calcula el Ayuntamiento, que cifra 26,19 millones, puesto que la gestión sólo serían 9,86 y habría que reducirle 3,39 de costes futuros, de forma que se quedarían en 12,93 millones, reduciendo sensiblemente el impacto al ciudadano y “porque no existe gestión de biorresiduos”.
También reclama bonificaciones del 40% en la tasa si se usa tarjeta o app que certifique se recicla, y un incremento del 25% cuando el valor catastral supere los 50.000 euros.
Por su parte, Con Podemos-IU pide ampliar el número de deducciones y bonificaciones, teniendo en cuenta también el Iprem; e incrementar las deducciones por buenas prácticas, con un 2% (máximo 10) cada vez que se usen los puntos limpios (que reclama ampliar) para viviendas y llegar al 20 y 30% en locales.
También pide tarifas diferenciadas para los grandes generadores, con un incremento adicional del 20% para los de más de 500 metros, y reducción del 10% a pequeños comercios, además de un foro de participación anual e implantar el pago por generación.
Vox insiste en su “rechazo total y absoluto al basurazo” aunque recuerda que su exigencia para reducir su impacto con bonificaciones del IBI, que ya consiguió en el acuerdo presupuestario con el PP, y reclama establecer bonificaciones del 5% por domiciliación bancaria y eliminar los recargos a las viviendas que estén desocupadas.
