Diferentes grupos ecologistas, respaldamos por Podemos Sevilla, han invocado el informe del Defensor del Pueblo Andaluz para reclamarle al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, la paralización de los vertidos tóxicos procedentes de las actividades mineras, tanto de Cobre Las Cruces como de la futura reapertura de Aznalcóllar, después de que Jesús Maeztu respaldara la falta de consenso científico acerca de los riesgos que estos vertidos suponen para el ecosistema del Guadalquivir.
El río Guadalquivir, uno de los mayores ecosistemas de Andalucía, se encuentra en peligro debido a los vertidos tóxicos que se derivaran de la mina de Aznalcóllar, que se estima podría liberar hasta 85.000 millones de litros de residuos al cauce del río, y que se sumarían a los autorizados a Cobre Las Cruces. La preocupación por el impacto medioambiental ha llevado a Susana Hornillo, concejala de Podemos en Sevilla, Juantxo López, coordinador federal de Alianza Verde, y varios grupos ecologistas, como Los Verdes Andalucía y Equo, entre otros, a unirse para pedir a Moreno Bonilla que paralice las actividades de vertidos tóxicos
El informe de Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz respaldaba la falta de consenso científico sobre los riesgos que estos vertidos suponen para el ecosistema del Guadalquivir, motivo por el que Susana Hornillo ha considerado de urgencia aplicar el principio de precaución: “Hay que aplicar el principio de precaución ante la falta de consenso científico sobre el efecto que estos vertidos van a tener en el río Guadalquivir”.
La concejala de Podemos subrayó que el informe del Defensor del Pueblo, solicitado a raíz de una queja presentada por ecologistas y partidos, alerta sobre los posibles impactos negativos en el estuario del Guadalquivir, en el Parque Nacional de Doñana y en la reserva de pesca, además de señalar la falta de estudios profundos sobre los riesgos acumulativos de contaminación.
Creación de comisión de expertos y un llamado de atención
El informe del Defensor del Pueblo recomienda la creación de una comisión de expertos para evaluar los efectos de los vertidos. Esta recomendación ha sido reiterada por activistas y políticos que temen que el daño irreversible a uno de los ecosistemas más importantes de Europa se pase por alto en favor de unos intereses privados. Además, exigieron que este análisis de expertos incorpore los datos del profesor Jesús Castillo de la Universidad de Sevilla, quien ha alertado sobre el actual estado de contaminación del estuario, como resultado de los residuos ya vertidos por la mina Cobre Las Cruces. Hornillo también destacó que la Agencia Local de la Energía y la Sostenibilidad de Sevilla aún no se ha pronunciado sobre este asunto, a pesar de que el primer municipio afectado sería la capital andaluza.
Hornillo, quien forma parte de un creciente movimiento que incluye a Ecologistas en Acción, agricultores, pescadores, y diversas asociaciones sociales, expresó su frustración ante la falta de respuesta del gobierno andaluz: “Estamos aquí para decirle al señor Moreno Bonilla que cada vez somos más los que estamos defendiendo este río”.
Juantxo López, de Alianza Verde, subrayó la importancia de tomar la resolución del Defensor del Pueblo como un “punto de inflexión” en el proceso de permisos para la mina. López alertó sobre la omisión de aspectos cruciales en los estudios previos y exigió que la Junta de Andalucía paralice el proyecto hasta que se realicen los informes solicitados.
Además, ambos dirigentes han reprochado la "actitud terraplanista" del PP andaluz y han invitado al presidente autonómico y al Ministerio de Transición Ecológica a escuchar a la ciencia en relación al impacto de la contaminación fluvial sobre los ecosistemas, la salud pública y los empleos asociados a las actividades fluviales.
Consecuencias de los vertidos tóxicos
Y es que, el peligro de estos vertidos no es sólo ambiental, sino económico y de salud pública. Según la profesora del CSIC, Antonia Herrero, los metales pesados provenientes de estos vertidos pueden tener consecuencias devastadoras para la fauna, la flora y las actividades económicas que dependen del río: “Estos metales pesados entran en la cadena trófica, afectando a la pesca, la agricultura, e incluso poniendo en riesgo la salud humana”.
Antonia Herrero señaló que los metales pesados en el río no sólo amenazan la biodiversidad local, sino que también comprometen la productividad de actividades esenciales como la pesca y el cultivo de arroz en las marismas del Guadalquivir. Además, alertó sobre los posibles efectos en la salud humana, incluidos los riesgos de cáncer y daños a órganos vitales debido a la acumulación de estos metales en los alimentos.
Mientras tanto, la Junta de Andalucía y el gobierno español se mantienen en silencio ante las preocupaciones científicas y ecologistas. La creación de una plataforma ciudadana, SOS Guadalquivir, ha reforzado la unión para que se tomen medidas inmediatas y se frene la contaminación del río.
La situación se complica aún más al recordar el trágico precedente de 1998, cuando un vertido de residuos tóxicos de la mina de Aznalcóyar arrasó una gran parte del ecosistema fluvial y costó millones de euros en labores de limpieza. A pesar de la experiencia del pasado, parece que la historia puede que vuelva repetirse, y la reapertura de la mina y los planes para los vertidos continúan sin la debida evaluación.
Los activistas insisten en que el informe del Defensor del Pueblo no puede ser ignorado. “Esto no es una cuestión menor”, concluyó Hornillo. “Estamos jugando con la salud pública, con la biodiversidad, y con el futuro económico de muchas familias que dependen del río Guadalquivir”.
Cambio de modelo económico
Además de las preocupaciones ambientales, las organizaciones ecologistas demandaron un cambio en el modelo económico de la zona. Ante el alto nivel de desempleo en Aznalcóllar y otros municipios cercanos, exigieron la creación de un plan de empleo diversificado, basado en actividades sostenibles como la agricultura ecológica, las energías renovables y el turismo rural. “No podemos permitir que el empleo en nuestra tierra dependa exclusivamente de proyectos que pueden poner en riesgo los ecosistemas y el bienestar de sus habitantes”, señaló Hornillo.
Por último, desde Podemos Sevilla y Alianza Verde subrayaron la necesidad de que Moreno Bonilla escuche a la ciudadanía y deje de tratar Andalucía como “una tierra de sacrificio al servicio de las multinacionales”. Según los ecologistas, es esencial que el Gobierno andaluz no sólo tenga en cuenta el empleo generado por la mina, sino que también valore los puestos de trabajo que podrían perderse en sectores como la pesca, la agricultura y el turismo si se permite el vertido de aguas tóxicas en el Guadalquivir.
Las llamadas a la acción se multiplican y la presión sobre las autoridades locales y regionales aumenta. De no tomarse en serio los avisos de expertos y activistas, el futuro del Guadalquivir podría ser incierto.
