El presidente del PP de Sevilla y delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Ricardo Sánchez, ha manifestado este miércoles que tiene "la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley" y que demostrará ante el Juzgado número uno de Carmona, que le ha investigado por posibles delitos en el proyecto promovido para la instalación de un tanatorio privado en Mairena del Alcor, donde fue alcalde; "la falsedad de las acusaciones del PSOE", partido de cuya denuncia deriva la causa.
Ante la citación judicial, que incluye al actual alcalde de Mairena del Alcor, el popular Juan Manuel López; y el otrora apoderado de la empresa Previpaz SL y coordinador de Empresas en la Viceseretaría de Economía de la Ejecutiva regional del PP, Francisco Rodríguez Roa, Ricardo Sánchez ha asegurado que la denuncia del PSOE "está fundamentada en supuestas noticias que no reflejan la realidad fielmente", con lo que "todas las acusaciones vertidas por el PSOE responden a una falsedad absoluta".
"La propia Guardia Civil ha manifestado en su informe que el PSOE de Mairena del Alcor aportó datos que no se corresponden con la realidad", ha agregado, asegurando que tiene "la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley", porque "el informe del arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo previo al decreto de Alcaldía avala la realización del proyecto de tanatorio público" promovido antes de la actuación investigada.
"Toda mi voluntad es aclarar, colaborar y explicar al juez los hechos para demostrar la falsedad de las falsas del PSOE. La citación a declarar me proporciona, de hecho, la oportunidad de zanjar este asunto con total transparencia", indica.
En un auto, el juzgado cita a Ricardo Sánchez para que comparezca el 3 de marzo como investigado, citando al día siguiente al actual alcalde popular de Mairena del Alcor y convocando para el 13 a Francisco Rodríguez Roa.
Además, cita como investigados a Juan Alfonso F.C., como redactor del proyecto y responsable de la empresa Gesit Trazabilidad; José N.G., por su papel de vicepresidente de la Agencia Publica Administrativa Local de Servicios Urbanos, y José Antonio G.G., del gabinete jurídico de la agencia municipal.
Al detalle, el juzgado achaca a Ricardo Sánchez un presunto delito de administración desleal; a Juan Manuel López, Francisco Rodríguez Roa y Juan Alfonso F.C., y en calidad de cooperador necesario José Antonio G.G., un posible delito de prevaricación; a José N.G., Rodríguez Roa y Juan Alfonso F.C. un delito de prevaricación urbanística y a Juan Manuel López, José N.G., Rodríguez Roa y Juan Alfonso F.C. presunto tráfico de influencias.
DENUNCIA INICIAL DEL PSOE
En su auto, recogido por Europa Press, el juzgado rememora que el asunto parte de una denuncia del Grupo socialista del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, por un presunto delito continuado de prevaricación, en concurso con otro de tráfico de influencias.
Según la denuncia inicial del PSOE, en 2015, durante la etapa de Ricardo Sánchez como alcalde de Mairena del Alcor, el Ayuntamiento "promovió un estudio de viabilidad para un proyecto de construcción y explotación en régimen de concesión de obra pública de un tanatorio en el cementerio municipal", aprobando tal extremo el pleno y siendo licitada la contratación de la redacción técnica del proyecto, para después aprobar el anteproyecto "a los efectos de iniciar los trámites del procedimiento de contratación de la concesión de obra pública".
Pero según el PSOE, "a pesar" de dicho acuerdo plenario, Sánchez, entonces como alcalde, "haciendo dejación de sus funciones, no impulsó" la materialización del acuerdo y "no fue hasta mediados de 2018 cuando volvió a retomar el expediente" encargando un nuevo informe a la Secretaría General, apreciando los socialistas una presunta actuación "prevaricadora por omisión".
En paralelo, en 2017, según la denuncia, el Ayuntamiento enajenó dos parcelas municipales donde hoy se alza el tanatorio privado de la localidad y "como la subasta quedó desierta, inició los trámites para la adjudicación directa, que concluyó en julio de 2018, con la adjudicación a la mercantil Compañía Pineda Álvarez", por 173.693 euros, "un importe cuatro veces menor a su valor, un chollo urbanístico".
SIN UNA CLÁUSULA CONTRA LA ESPECULACIÓN
A la hora de este procedimiento, según la denuncia del PSOE, "en el pliego de cláusulas administrativas no se incluyó la cláusula anti-especulación que el Ayuntamiento ha venido recogiendo por norma en todas las licitaciones de enajenación de suelo público en dicho sector industrial".
El PSOE señala especialmente a Manuel Ruiz Pineda, como responsable de la empresa Pineda Álvarez y miembro de la candidatura municipal de Cs en las elecciones locales de 2019 en El Viso del Alcor y del PP en 2023, exponiendo que en 2018, los populares Ricardo Sánchez como alcalde y Juan Manuel López "aparecen en el acta de la Gerencia de Urbanismo que aprobó la adjudicación del contrato de enajenación o venta de los terrenos a Pineda", entonces futuro candidato local de Cs y posteriormente en 2023 candidato del PP.
La denuncia agrega que después de que en febrero de 2019 Ricardo Sánchez dejase la Alcaldía de Mairena para ocupar el puesto de delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, en octubre de 2021, la empresa de Pineda transmitió "la titularidad de las parcelas adquiridas a la entidad Previpaz, de la que era apoderado Francisco Jesús Rodríguez Roa", siendo ambos Pineda y Roa, "compañeros de partido" en el PP, para "la construcción y explotación de un tanatorio crematorio, exclusivamente privado, para beneficio económico de éste".
Al respecto, el Juzgado número uno de Carmona expone en su auto de este mismo miércoles que de la investigación desplegada por la Policía Judicial de la Guardia Civil se desprende que "tras el intento fallido y no continuación del proyecto del tanatorio público en el que se habían invertido 21.118 euros"; Juan Alfonso F.C., al frente de la empresa Gesit Trazabilidad, solicitó autorización al Ayuntamiento para un tanatorio crematorio "en las parcelas" en cuestión; tras encargo de la "promotora final del proyecto", Previpaz, que tenía como apoderado a Francisco Rodríguez Roa, "hijo del administrador que firma ese encargo y coordinador de Empresas en la Vicesecretaría de Economía del PP-A y Consejero de RTVA.
SIN "LAS PRECEPTIVAS LICENCIAS"
Según el informe de la Policía Judicial, el proyecto ha carecido de "las preceptivas licencias de obra o declaración responsable que habiliten la ejecución" de los reformados de la cafetería y del horno crematorio, extremo declarado expresamente por la Secretaria General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, aspecto este que destaca el juzgado.
El juzgado señala además el papel de José Antonio G.G., de la Agencia Publica de Servicios Urbanos de Mairena del Alcor, porque "informa favorablemente la concesión de licencia de obra mayor, cuando debería haber procedido a la declaración de caducidad del expediente y no conceder licencia".
A colación, avisa de que Juan Manuel López, como presidente, "según normativa tenía que haber realizado la declaracion de caducidad de los expedientes y no se hizo", autorizando por contra la primera licencia de obra mayor y los trámites de cambio de titularidad del proyecto.
En ese sentido, el juzgado señala, merced al informe de la Policía Judicial, que en resumen, los responsables de Gesit y Previpaz, "se han beneficiado de esa prevalencia logrando una inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa, en la emisión de informes técnicos, jurídicos y resoluciones todas favorables en muy cortos espacio de tiempo, así como, por la permisividad continua patente de todo lo ocurrido con los reiterados incumplimientos de los tramites de audiencia (...), omitiendo la labor inspectora de las obras que tiene encomendada la Agencia Urbanística durante más de dos años".
