Facua, que representa a 79 de los afectados por el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria, con cuatro fallecidos y cientos de afectados; ha valorado que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla haya fijado para el 16 de octubre de 2026 el comienzo del juicio contra los miembros de la familia administradora de la empresa, el arquitecto técnico y la veterinaria municipal investigada en la causa.
El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha manifestado en declaraciones a Europa Press ante la fijación de fecha para el juicio, que pese al caso, "no ha habido mejoras en los protocolos de información de alertas alimentarias por parte de la Junta de Andalucía" ni tampoco "una mejora o un aumento exponencial del número de inspectores veterinarios en el Ayuntamiento de Sevilla, pese a que fue uno de los elementos determinantes" para que Magrudis operase aún cuando acumulaba no pocos incumplimientos.
"Por otro lado, el Gobierno de España sigue sin aprobar un cambio legal que obligue a cualquier empresa, incluidas lógicamente las alimentarias, a contar con seguros de responsabilidad civil que puedan cubrir riesgos de cierres, quiebras o de intoxicaciones o daños masivos a los afectados, a los clientes", avisa.
LAS INDEMNIZACIONES
Además, Rubén Sánchez ha señalado, de cara al juicio, que Facua pide entre cuatro y 12 años de cárcel para los acusados y que "ante la ausencia de capacidad económica de los principales encausados" para hacer frente a las indemnizaciones reclamadas, "va a ser fundamental lograr la condena de la inspectora veterinaria, que cometió una grave negligencia y que tendría que derivar, por tanto, en una responsabilidad civil del Ayuntamiento de Sevilla, que sería quien finalmente pagara" a los afectados.
En una diligencia de ordenación emitida este pasado miércoles y recogida por Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla dispone un total de 43 sesiones para el juicio, comenzando el 16 de octubre de 2026 para finalizar el 27 de enero de 2027. Además, tras la abstención del magistrado Jesús Manuel Madroñal Navarro para el puesto de ponente del tribunal y la designación en 2024 de José Luis Ramírez Ortiz como nuevo ponente, la Sección Séptima señala que "por cese del anterior magistrado/ponente, se designa nuevo ponente, de acuerdo con el turno establecido, a Alejandro Vián Ibáñez".
MÁS DE DOS AÑOS DESDE LA APERTURA DE JUICIO ORAL
Hace ya más de dos años, el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla acordaba la apertura de juicio oral contra un total de seis personas por este caso, en concreto José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario; Sergio L.G., por su papel como arquitecto técnico contratado por la empresa, y María José Ojeda, inspectora veterinaria municipal.
En el auto, la magistrada abría juicio oral contra cinco de los investigados -Sandro José M.R., José Antonio M.P., Mario M.R., Encarnación R.J. y María José O.B.-, Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L. por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave, declarando responsables civiles a las compañías de seguros Axa S.A., Aig Europe S.A. (sucursal España) y Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros.
Además, el Juzgado declaraba responsable civil subsidiario de estos delitos al Ayuntamiento de Sevilla, que cuenta con la citada inspectora veterinaria municipal como acusada en la causa.
PETICIONES DE CÁRCEL
De cara al juicio, la Fiscalía reclama once años y medio de cárcel para Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín Rodríguez y diez años para su otro hijo Mario Marín Rodríguez y para Encarnación Rodríguez Jiménez, esposa de Sandro José. De este modo, la Fiscalía no presentó acusación contra la veterinaria del Ayuntamiento, quien figura como acusada en la causa.
La Fiscalía detectó respecto a los hechos un supuesto delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave, 235 delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de defraudación de fluido eléctrico y un último delito de falsedad en documento oficial.
Por el primer delito, reclamó para cada uno de los acusados José Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez, su otro hijo Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, cuatro años de cárcel; reclamando para cada uno de los mismos otros seis años más por el delito de homicidio por imprudencia grave, multas por el delito de defraudación del fluido eléctrico para todos los acusados salvo para el arquitecto y un año y medio más de prisión para Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez y esta vez sí para el arquitecto Sergio L.G., por el delito de falsedad documental.
INDEMNIZACIONES
En materia de responsabilidad civil, solicitó que todos los acusados, salvo el arquitecto, indemnicen con 141.040 euros al Ayuntamiento de Sevilla y con 800.000 euros a la Junta de Andalucía por los gastos generados a ambas administraciones; respondiendo la aseguradora AXA "con carácter directo" como entidad aseguradora de Magrudis, una entidad que ya ha consignado 300.000 euros ante el juzgado instructor en favor de las víctimas y afectados.
También habrán de indemnizar con 5.861 euros a Endesa y habrán de compensar económicamente por los cuatro fallecimientos, los abortos y las "lesiones y secuelas" del resto de afectados, con AXA de nuevo como responsable "directa" de responder y el Ayuntamiento hispalense como responsable civil subsidiario, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
