“Incurre en un exceso de ejecución la pretensión de la ejecutante de continuar asumiendo una intervención activa en el desarrollo y fiscalización técnica de los trabajos de una obra de titularidad pública”. Así se pronunciaba la magistrada de lo Contencioso Administrativo para denegar a Adepa que se esté incumpliendo el acuerdo judicial que permitió el proyecto de rehabilitación de las Reales Atarazanas de Sevilla y que no es firme, tras recurrirlo la asociación conservacionista.
El auto, hecho público por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se fundamenta en una interpretación “finalista” de la jurisprudencia para abordar el conflicto judicial que ha rodeado todo el proceso de rehabilitación de las Reales Atarazanas de Sevilla y estima “plenamente cumplida” la sentencia inicial y el acuerdo firmado entre Adepa, la Consejería de Cultura y La Caixa, considerando que las pretensiones de la asociación conllevarían “una interpretación irrazonable del acuerdo que desborda los límites de la ejecución”.
La magistrada Olga Rodríguez Garrido recuerda que el inicio del objeto de litigio fue la impugnación de la licencia de obras y que el objeto del acuerdo fue la “redacción de un nuevo Proyecto Básico y su Ejecución ajustado a un conjunto de directrices técnicas detalladas en el anexo”, proyecto que se redactó con la “conformidad de la ejecutante”, es decir, Adepa.
Además, estima que “el nuevo Proyecto Básico y de Ejecución ha sido ejecutado, contando con las autorizaciones administrativas pertinentes y con la licencia de obras”, recordando con respecto a la comisión de seguimiento, que Adepa “no ejercitará "acciones en tanto que las actuaciones se ajusten a lo aquí otorgado hasta la finalización de las obras””.
En este punto, la magistrada considera que “no puede sentar una interpretación favorable a la obligación de las partes, Consejería de Cultura y Fundación Bancaria La Caixa, de someter a cualquier incidencia en el desarrollo de las obras, que exija la toma de decisiones técnicas, al criterio de Adepa en el seno de la referida Comisión”.
La magistrada no valora en el auto si la documentación aportada por Adepa, entre ellos la existencia de un reformado del proyecto de 2 de octubre de 2023 que cuenta con licencia urbanística, supondría o no un incumplimiento del acuerdo. La jueza directamente considera que “la doctrina finalista de la ejecución impone restringir la ejecución a los términos estrictos del Acuerdo que refleja la voluntad de los firmantes de sustituir el Proyecto Básico y de Ejecución y inicial e impugnado en sede judicial por otro ajustado a los términos del Anexo”.
E incide en que Adepa “incurre en un exceso de ejecución” basándose en las “expresiones genéricas” sobre la comisión de seguimiento y que, a juicio de la magistrada, “no deben desconectarse del objeto del acuerdo” y que busca “continuar asumiendo una intervención activa en el desarrollo y fiscalización técnica de los trabajos de una obra de titularidad pública”.
Para la magistrada esta pretensión de Adepa sería “una interpretación irrazonable del acuerdo que desborda los límites de la ejecución que debe, por tanto, estimarse plenamente cumplida con la aprobación del Proyecto Básico y de Ejecución”, concluyendo que debe estimarse “la excepción de cumplimiento del título ejecutivo”.
Además, la jueza no sólo desestima la ejecución forzosa del auto judicial del 2 de marzo de 2018 que daba validez jurídica al acuerdo entre Adepa, la Consejería de Cultura y la Fundación La Caxia sino que le impone a la asociación las cosas del procedimiento, 400 euros.
Adepa ya anunció el recurso porque "las Atarazanas no se merecen un proyecto inacabado”
Adepa ya anunció que recurriría ese auto que desestimaba “inesperadamente” su petición de ejecutar del convenio en los términos que se había firmado con la Junta de Andalucía y con La Caixa para la rehabilitación de las Reales Atarazanas de Sevilla, advirtiendo de que aún no han recurrido a la Ley andaluza de Patrimonio en este conflicto que parece se alargará en los tribunales.
“Vamos a llegar hasta el final, las Atarazanas no se merecen un proyecto inacabado”, sentenciaba el presidente de Adepa, Joaquín Egea, que esperaba que el TSJA les diera la razón después del auto de la magistrada que da por cumplido el convenio y anulaba la vista prevista para el 28 de mayo en la que las partes iban a aportar sus conclusiones.
Según Adepa, se ha incumplido en varias ocasiones el convenio, ya que no se ha reunido la comisión de seguimiento cuando se detectaron las 300 grietas en el Hospital de la Caridad ni cuando se detectó el colector subterráneo, filtraciones de aguas fecales incluidas que continúan, ni cuando se comprobó que la cota original era más alta que la que se creía, ni al conocerse en septiembre de 2024 que se había presentado un modificado del proyecto que ya incluye la no excavación de las naves, algo inherente al convenio firmado.
Es “incoherente”, decía el arquitecto José García Tapial, sobre la decisión de la jueza de desestimar la petición de Adepa y dar por cumplido el convenio, cuando ni siquiera la Caixa, la Junta ni ellos habían presentado las pruebas y los informes técnicos, recordando tanto él como Egea que las filtraciones se enteraron por terceros y el modificado del proyecto, porque fueron a ver el expediente en la Gerencia de Urbanismo.
“Se le ha hurtado a las partes la posibilidad de defender su postura”, decía el abogado Pablo Ollero, apuntando la “profunda indefensión” que supone que resuelva sin fijarse las pruebas cuando “lo que se está ejecutando no son las obras que homologó el juzgado” mediante una sentencia para levantar las medidas cautelares.
A estos incumplimientos del convenio le suman el hecho de que el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, como director de la obra, certificó ante el Colegio de Arquitectos el 1 de julio de 2024 que había terminado la obra y “reconoce que las naves siguen inundadas”, es decir, “sin solucionar el problema de las aguas fecales”.
Sin embargo, en la Gerencia de Urbanismo consta que la obra “está viva” y “hay gente trabajando”, por lo que se han preguntando qué obra se está haciendo en estos momentos y quien la está ejecutando. “El certificado final de la obra es muy importante para el seguro de responsabilidad civil”, recordaba García Tapial, apuntando que desde ese 1 de julio el Vázquez Consuegra ya no sería responsable de los daños.
José Luis de Justos, presidente de la Real Academia Sevillana de las Ciencias, también ha querido dejar claro antes de iniciarse las obras se certificó que no había daños en el Hospital de la Caridad pero sí se detectaron tras la obras de la pantalla, que incluía la introducción de 104 pilotes aunque fueron 69 tras detectarse hasta 300 grietas, al igual que la rotura del colector.
“Hay una causa-efecto”, apuntaba, señalando que no se colocó la instrumentación que detecta inclinaciones y deformaciones. “Se han colocado una vez que se han provocado los daños”, sentenciaba, “es responsabilidad de ellos al no colocar la instrumentalización”.
“Todavía se puede cumplir perfectamente con el convenio, el dinero está ahí presupuestado”, decía Joaquín Egea, recordando que el hecho de que el arqueólogo Fernando Amores certificara que la cota original sea de 2,5 metros en lugar de los 5 que creía inicialmente no impide excavar. Adepa pedía que fueran las naves 5 y 6 y “terminamos aceptando la 7”, que rechazaban por ser la más cercana a la muralla, pero “se decide no hacer nada y no excavamos ninguna”. “Da la impresión de que al arquitecto jamás le gustó que se trabajara allí”, decía Egea.
El presidente de Adepa recordaba que, hasta este momento, no han recurrido a la Ley de Patrimonio para defender los antiguos astilleros medievales de Sevilla pero ya analizan si “recurrir a otros caminos”. “Vamos a llegar hasta el final. Las Atarazanas no se merecen un proyecto inacabado”, sentenciaba esperando que el TSJA les dé la razón y se cumpla lo acordado.
