Llegados a este punto, el abogado de los expropiados de Montañeses de La Isla, José Antonio Gamero, recuerda que presentó hace varias semanas en nombre de sus representados una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número uno de San Fernando, por un presunto delito de desobediencia en este tramo del proyecto del puente, solicitando a la jueza encargada de instruir el caso que se procediera al precintado de la obra.
Y es que Gamero tiene claro que la sentencia del TSJA que le dio la razón sobre la ilegalidad del proyecto del tranvía al no haber sido sometido al trámite de información pública afecta a todo el tramo comprendido entre el caño Zurraque hasta La Ardila.
En este sentido, el abogado muestra su preocupación al entender que la Junta de Andalucía “está siguiendo adelante con un proyecto que carece de cualquier cobertura legal”, preguntándose que “¿quién será el responsable si algún día ocurre alguna desgracia mientras se está trabajando?”.
Es por ello que José Antonio Gamero tiene previsto acudir a primeros de la próxima semana a la Plaza de San José, es decir, a los juzgados isleños para que se inicie la tramitación de manera efectiva de la denuncia que presentó en su día por el presunto delito de desobediencia citado con anterioridad al principio del artículo. “Espero que sea admitida la denuncia a trámite, al menos para que de esa manera se le pueda preguntar al director general de la obra los motivos por los que los trabajos siguen adelante, a pesar de existe esa sentencia y que aún no se ha sacado a información pública el proyecto, que era el compromiso que adquirío la Junta a primeros de agosto”.
“Tomadura de pelo”
Para Gamero la situación actual en la que se encuentra todo no viene sino a corroborar que “en estos momentos no están tomando el pelo a todos, puesto que yo no conozco a nadie que se le ocurre hacer una obra sin tener un proyecto”.
Por último, José Antonio Gamero no entiende la postura que mantienen actualmente el resto de los poderes públicos, llámese Ayuntamiento, partidos políticos o Fuerzas de Seguridad, que permiten que se siga ejecutando la obra a pesar de que pesa sobre ella una sentencia en la que se declara que es ilegal.
