Asaja Jaén ha reiterado este miércoles su exigencia de fondos públicos para acometer una reconversión del olivar que evite su abandono por parte de los agricultores que se enfrentan al cuarto año consecutivo de pérdidas ante el problema "estructural" de los bajos precios, a lo que une la incertidumbre por la reforma de la PAC y el "papel mojado" que supone la Ley andaluza del Olivar al carecer de un presupuesto específico para poder desarrollarla.
Así lo han puesto de manifiesto el secretario general, el gerente y portavoz y el responsable de los servicios técnicos de la organización, Francisco Molina, Luis Carlos Valero y Cristóbal Gallego, respectivamente, quienes han hecho balance en la rueda de prensa del año para la agricultura y la ganadería en la provincia.
En este sentido, se han centrado especialmente en el principal cultivo, el olivar, con precios en el aceite estancados a la baja que ni siquiera medidas como el almacenamiento privado, que llegó "tarde", logran levantar. Se han estancado durante 2011 con 1,70 euros de media por kilo, por lo que lejos de remontar hasta cifras que hagan viable a más del 90 por ciento de explotaciones que ahora pierden dinero al cultivar y que se salvan únicamente por las ayudas, la tendencia no apunta maneras de remontada.
Se trata de una situación que tiene un punto "diferencia" con otros productos, ya que el "se vende todo lo que se produce", de forma que no es un problema de consumo. De hecho, el mercado ha seguido una tendencia similar a la del año anterior, incrementando en cerca de un seis por ciento las exportaciones con respecto a 2010, año en que dichas exportaciones ya fueron todo un récord.
Las disponibilidades para este año fueron también históricas, con 1,84 millones de toneladas de aceite al comienzo de campaña que el mercado "ha sido capaz de absorber", como refleja que el enlace o existencias a comienzo de la actual campaña 2011-2012 han sido prácticamente iguales que en el periodo anterior, con 472.600 toneladas.
Junto a la cuestión del precio, los responsables de Asaja-Jaén han aludido a la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC), advirtiendo de la propuesta de Bruselas hará "perder a la provincia la mitad de sus ayudas" como consecuencia de un posible traslado de fondos a otras zonas que ellos han rechazado. ¿Cómo una provincia como Jaén, con la renta familiar disponible más baja de España puede transferir fondos a otros territorios que posiblemente tienen una renta superior?", se ha preguntado Molina, quien ha instado al Gobierno español que endurezca las negociaciones para que no se pierda ni un euro.
En esa nueva PAC, asimismo, ha abogado por un sistema de mantenimiento de rentas con mecanismos de intervención para proteger los precios y, en caso de ser del tipo del almacenamiento, que sean "ágiles con precios justos y un funcionamiento lógico".
Más competitividad
Con este panorama, Asaja-Jaén mantiene su apuesta por la reconversión, modernización y reestructuración del sector oleícola para hacerlo competitivo frente a las nuevas explotaciones de alta densidad o superintensivas, que ya suponen el 27 por ciento de la superficie olivarera mundial.
"A partir de ahí hay una cosa que se llama competitividad y otra productividad. Nuestros olivos son muy productivos pero menos competitivos", ha explicado Valero, quien ha aludido al estudio del CES provincial, según el cual, si subvención, más del 90 por ciento de los olivos jiennenses son rentables.
Por ello, ha incidido en que, junto a una mayor concentración de la oferta, es "urgente ese plan de reconversión con dotación presupuestaria" que permita clasificar los distintos tipos y establecer una ayuda para cada uno, ya que "no todos se reconvierten de la misma forma y no todos son reconvertibles", sobre todo lo que presentan pendientes extremas y que deberían potenciar su función medioambiental y de fijación de población al territorio. De otro modo, según ha recalcado, el mercado acabará regulándose, pero por abandono.
Junto al sector oleícola fundamental para Jaén, Molina ha analizado otras cuestiones como la crisis que también vive la ganadería en la provincia, para la que ha pedido una "protección especial" y "darle lo que en derecho le pertenece"; el paso de los empleados del campo al Régimen General de la Seguridad Social que "al empresario agrícola le costará de media un tres por ciento más por trabajador este cambio de régimen" y el adiós a la Agencia Andaluza del Agua tras las sentencias del Supremo y el Constitucional por las que la gestión del Guadalquivir "vuelve, como siempre debió de ser, al Estado central".