El Gobierno admite que, tras la nueva reestructuración del sector financiero aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros, las entidades bancarias cubrirán únicamente la mitad de su stock inmobiliario si se diera un escenario "muy pesimista" en el que hasta el 75% de las exposiciones de riesgo normal se convirtieran en "dudosas o subestándar".
Según se reconoce en la memoria económica que acompaña al decreto ley sobre Saneamiento y Venta de los Activos Inmobiliarios del Sector Financiero, a la que ha tenido acceso Europa Press, "las nuevas previsiones suponen que en un escenario muy pesimista, en el que el 75% de las exposiciones de riesgo normal se convirtiesen en dudosas o subestándar, la tasa final de cobertura del stock de activos problemáticos sería del 50%".
"Ello implicaría que un 90% de los activos ligados al sector promotor y constructor tendrían una cobertura media del 50%", continúa el documento, que valora que las medidas incluidas en el decreto ley permitirán, no obstante, reforzar de forma "considerable" la "confianza y solvencia del sector".
Además, el Gobierno destaca en la memoria que "la creación de sociedades gestoras de activos a las que se les exige un alto grado de profesionalización añadidos a los incentivos que supone la dotación de provisiones fomentarán la puesta en venta de los inmuebles en manos de las entidades", algo "esencial" para "reajustar los precios" de la vivienda.
POR UN MÁXIMO DE 15.000 MILLONES
Por otra parte, el documento recoge que el impacto presupuestario máximo derivado de este decreto ley será de 15.000 millones de euros derivados del "incremento de la dotación del FROB" y que se financiarán con cargo a la partida de activos financieros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Esto es así porque algunas de las entidades que no sean capaces de cumplir con las nuevas obligaciones exigidas por el Ejecutivo tendrán que acudir al FROB para cubrir las provisiones. Pese a este coste para el erario público, el Gobierno defiende su decisión de optar por esta vía alegando que la posibilidad alternativa de implantar un esquema de protección de activos suponía una "mayor complejidad" y un "posible mayor coste para el contribuyente".
Además, asegura que el decreto ley no tendrá impacto sobre las leyes de la competencia ya que, aunque incentiva las integraciones de las entidades financieras por la vía de la fusión fundamentalmente, estos ajustes serán "consecuencia de los nuevos requerimientos prudenciales exigidos". "Los efectos singulares de cada operación de integración se evaluarán en aplicación de la normativa de competencia correspondiente", concluye la memoria.
