El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, han demandado este lunes al Gobierno de la Nación una aplicación "más equitativa" del actual sistema de financiación autonómica porque consideran que se está produciendo un "impacto negativo" en sus dos comunidades junto a otros territorios como Murcia, Valencia o Castilla La Mancha.
Así lo han expresado ambos mandatarios en una rueda de prensa conjunta en Sevilla tras reunirse por espacio de dos horas en el Palacio de San Telmo, durante la que también han informado de que van a solicitar la convocatoria del Comité Permanente Técnico de Evaluación del sistema de financiación para "analizar la evolución" de su aplicación porque perciben que se están registrando "desigualdades importantes entre ciudadanos españoles en función del territorio donde viven".
Durante su comparecencia, Griñán ha querido dejar claro que esta reunión con Rivero no persigue crear "ningún frente" contra nadie, sino abrir un "marco de colaboración" entre las comunidades autónomas y el Gobierno central para mejorar el actual modelo de financiación. "No estamos haciendo ningún frente político, sino algo que forma parte de la coherencia interna de quienes aceptamos un sistema de financiación bajo unas condiciones de aplicación que no se están dando", ha apuntado.
Según los datos aportados por Rivero, por la incorrecta aplicación del sistema de financiación, Andalucía pierde más de 1.000 millones de euros anuales y Canarias, más de 800 millones.
José Antonio Griñán ha querido dejar claro además que no están reclamando que se lleve a cabo una modificación del sistema de financiación, sino la correcta aplicación del mismo, apuntando que el PSOE no llevaba en su programa electoral la reforma del actual modelo y que, en cambio, el PP sí.
DATOS OBJETIVOS SOBRE LA MESA
Respecto a la convocatoria del Comité Permanente Técnico de Evaluación del sistema de financiación, ha explicado que se trata de un mecanismo previsto en la ley que supone la reunión de todas las comunidades autónomas para el análisis y en el que Andalucía y Canarias pretenden aportar datos objetivos, como que el hecho de que el año inicial de cómputo del sistema sea 2009 (cuando se produce una caída de los ingresos del Estado como consecuencia de la crisis), en lugar de 2007, ha tenido un efecto negativo para las comunidades que más financiación tenían del fondo de suficiencia.
Asimismo, el presidente andaluz ha agregado que pondrán encima de la mesa otro dato objetivo referido a la evolución del sistema, como la financiación ya liquidada del año 2010, que demuestra que Canarias, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha están por debajo de cien, que sería la media de ingresos de la comunidades. "La amalgama de resultados que da difícilmente se puede reducir a una regla racional", ha indicado el presidente, que ha apuntado que no se ve ningún criterio objetivo.
Ha recordado además que el propio sistema tiene unos fondos de competitividad o cooperación que tienen la doble función de no hacer desmesurada la distribución y evitar que comunidades como Andalucía o Canarias, con menores renta per capita, quedarán por debajo que otras regiones con más renta per capita. Ha lamentado que no se haya actuado ese fondo.
Para Griñán, Andalucía y Canarias, comunidades con el menor endeudamiento por habitante de España, tienen legitimidad para hacer la reivindicación de una correcta aplicación del modelo de financiación porque éste, de hecho, no está "privilegiando" a estas dos comunidades el "haber hecho los deberes".
"Podemos mejorar sin necesidad de cambiar el modelo, sino aplicándolo de una manera distinta", según ha sentenciado Griñán.
Por su parte, Rivero, que también ha expresado su preocupación porque 2009 sea el año inicial de cómputo del sistema, se ha mostrado convencido de que en este diálogo constructivo que pretenden tener con el Gobierno de la Nación, todos los presidentes autonómicos, con independencia del color político, tendrán un objetivo común, como es la defensa de los intereses de sus ciudadanos. Ha confiado en que los presidentes de las otras comunidades que también salen perjudicadas por la actual aplicación del sistema compartan el objetivo de Andalucía y Canarias.
Ha recalcado que se trata de corregir la actual situación mediante mecanismos previstos en la ley, apuntando que, sin duda, hay fórmulas que, sin restar recursos a otras comunidades, permiten avanzar hacia la convergencia entre todos los territorios, la solidaridad y la equidad.
Ha mostrado su preocupación por que lo que están en juego son servicios básicos como la educación y la sanidad, que requieren de una correcta financiación que no se garantiza con el actual modelo de financiación autonómico.
