Más de cien familias de Granada prevén presentar en los próximos días una queja ante el Parlamento Europeo para que se investiguen sus supuestos casos de robos de bebés en la provincia, sumándose así a la petición formulada por el presidente de la Asociación de Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D) y padre de una niña presuntamente sustraída, Eduardo Raya.
Según ha explicado a Europa Press el propio Raya, que se ha concentrado junto a más afectados este martes frente a la Fiscalía de Granada para reivindicar que no se archiven estas investigaciones, los familiares han sido citados para el próximo día 15 a las 18,00 horas en la Asociación de Vecinos de El Fargue para que rellenen un formulario tipo dirigido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, al que adjuntarán la documentación correspondiente a su caso personal.
Se prevé que más de un centenar de familias de Granada se adhieran a esta queja al Parlamento Europeo, a la que podrían sumarse también en un futuro próximo más afectados de Andalucía y del resto de España. "Tienen que saber que este caso no es el de un padre y de unos cuantos más, sino que somos miles los perjudicados", ha señalado Raya.
Esta iniciativa se produce después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidiera finalmente estudiar la petición de Raya, al que en primera instancia le comunicó que no estudiaría su queja.
En su segunda contestación, la presidenta de la Comisión, Erminia Mazzoni, trasladaba a Raya que solicitaría a la Comisión Europea "información adicional" sobre "los diferentes aspectos del problema", y le informaba de que en cuanto dispusiera de esos datos proseguiría con el "examen" de su petición.
Eduardo Raya, letrado de profesión, contestó al archivo de la petición de la Comisión con una carta el pasado 4 de febrero en la que le reprochaba a su presidenta su "nulo interés" en investigar lo que enmarca en "delitos de lesa humanidad".
Anteriormente, el Parlamento Europeo le había comunicado que no podía valorar su caso porque "no es una autoridad judicial" y que no podía "emitir juicios ni revocar decisiones adoptadas por las autoridades judiciales y administrativas de los Estados miembros".
Su hija nació el 6 de junio de 1990, después de que uno de los doctores del Clínico le practicara una cesárea urgente por supuesto sufrimiento fetal, el mismo facultativo que, según el padre, "casualmente" fue condenado tres años más tarde por la Audiencia Provincial de Granada por una adopción irregular.
Tres días más tarde, el Hospital comunicó a los padres que la hija había fallecido, y sus supuestos restos fueron enterrados. Sin embargo, años más tarde, los padres decidieron trasladarlos para enterrarlos junto a su abuelo paterno, pero antes les hicieron pruebas de ADN en dos laboratorios (Tecnogen y Genómica) que dictaminaron que aquellos restos no pertenecían a su hija.
