Así, el portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Manuel Gracia, anunciaba ayer que su grupo ha solicitado que la Cámara de Cuentas aclare si el PP-A ha presentado facturas justificantes de los gastos electorales de 2004 en relación con la empresa Rialgreen S.L, conocida por su presunta implicación en la trama que investiga la Audiencia Nacional.
Según Gracia, la propia Cámara de Cuentas reflejaba, en su informe de 2004 sobre gastos electorales, una “incidencia” con esta empresa, ya que “aparecen más 500.000 euros sobre las que esta empresa no ha remitido facturas, aunque el PP si los contabiliza como gastos en su documentación”.
Los socialistas demandan que se aclare si el PP-A ha presentado facturas justificantes de gastos electorales emitidas por la sociedad Rialgreen SL y si a la Cámara de Cuentas le constan dichas facturas, así como todos los datos sobre ellas (número de facturas, conceptos de facturación, medio de pago, etc).
Para Gracia, a pesar de que el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, manifestara “públicamente que no había tenido nunca ninguna relación directa con esta empresa sino que se trata de una UTE -unión temporal de empresas- que había subcontratado”, la petición de información a la Cámara de Cuentas aportaría “transparencia” a esta situación y si hubo o no relación directa entre el PP de Andalucía y Rialgreen S.L.
Manuel Gracia anunció esta iniciativa tras rechazar la estrategia de la “estridencia y la crispación” del PP en el Parlamento con iniciativas como las presentada para el próximo pleno para que inicie una investigación, en dos semanas, sobre el uso de las competencias urbanísticas del ex alcalde socialista de Ohanes (Almería), que dimitió tras conocerse el contenido de un vídeo en el que se recogen los pagos al regidor por parte de un empresario por una posible recalificación.
Tras conocer esta petición, el vicesecretario general del PP-A, Ricardo Tarno, anunció que solicitará a la Cámara de Cuentas las facturas de todas aquellas empresas “que prestaron servicio” al PSOE con motivo de las dos últimas elecciones andaluzas, del PSOE, especialmente, “las vinculadas a la empresa de publicidad Entretrés”, así como todas aquellas empresas que han prestado servicios al PSOE en la ultima campaña electoral de 2008 y que han sido reclamadas por la Cámara de Cuentas “para que justifiquen sus estados de factura”, agregó.
El caso de Baena
Previamente, secretario general del PP-A, Antonio Sanz, preguntaba al PSOE “a qué espera para pedir la dimisión inmediata” del alcalde de Baena y senador socialista, Luis Moreno, por el caso de las supuestas “facturas falsas” en el citado consistorio y que presuntamente se utilizaron para pagar clubes de alterne.
Sanz dijo que la “sospecha sobre la doble vara de medir es la pregunta que se hacen muchos andaluces, que ven que como se trata de un caso que afecta al PSOE no hay detenciones” ni intervención alguna de la Fiscalía.
Se mostró convencido de que si estos hechos hubieran ocurrido en un ayuntamiento gobernado por el PP, se hubiesen abierto muchos telediarios y se hubiesen producido “citaciones con grilletes y cámaras de televisión”.
El caso de Baena, según anunciaba Sanz, también centrará parte de la sesión de control al Gobierno para aclarar si “conocía los hechos” de Baena.
Por su parte, el propio alcalde de Baena ofrecía ayer una rueda de prensa para negar que su Ayuntamiento haya emitido facturas falsas y que el dinero supuestamente cobrado se haya utilizado para pagar servicios en un club de alterne de Marbella, como se ha estado denunciando.
Fitur también centra parte de la polémica política
La petición de explicaciones también se dirige a la Junta de Andalucía. Así, el secretario general del PP-A también anunciaba ayer que su partido va a registrar en el Parlamento -además de ser eje central de varias de sus preguntas en el Pleno de esta semana- la petición de una comisión de investigación sobre las adjudicaciones del expositor de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) a la empresa Decoestudio, cuyo apoderado (Ignacio Bendito) está condenado por malversación de caudales públicos.
El PP denuncia que la Junta adjudica desde hace cinco años el diseño y montaje de su pabellón en Fitur de Madrid al empresario Ignacio Bendito, condenado como cooperador necesario en un delito de malversación, ya que reconoció que pagó 300.000 euros a un alto cargo del entonces Ministerio de Transportes por instalar expositores en un certamen celebrado en Madrid en 1990.
Sanz apuntó que la investigación no sólo se refiere al contrato de Fitur de 2009 -duya documentación ha remitido ya la Junta a la Fiscalía Anticorrupción- sino que expliquen por qué se le concede "siempre" a la misma empresa el expositor desde 1989 exceptuando el periodo en que la Consejería de Turismo era gestionada por el PA, algo que la propia Decoestudio ha negado en un comunicado.
También quieren averiguar los populares "si se ha obligado" a otras administraciones a tener que contratar con esta empresa y el por qué en 2008 a esta empresa se le había limitado el crédito comercial recomendado a un máximo de 4.800 euros, y sin embargo la Junta lo contrata por más de 2 millones de euros.
"Es decir, 452 veces más de lo que establece por las empresas especializadas en análisis de riesgo comercial como tope máximo de lo que se le podía dar a esta empresa", ha denunciado Sanz, quien ha añadido que el PSOE "tiene una gran mancha extendida de escándalos y de corrupción que está obligado a explicar en el Parlamento".
