Ecologistas pide a juez que obligue al Ayuntamiento de Níjar a hacer mapa de ruidos de Cabo de Gata

Publicado: 02/02/2014
El colectivo conservacionista entiende que el Ayuntamiento nijareño está \"incumplimiento de forma reiterada\"
Ecologistas en Acción ha emprendido la vía contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Níjar (Almería) y ha presentado un recurso en el que insta al juzgado a que obligue al Consistorio a cumplir con sus "obligaciones" en materia de contaminación acústica y a que apruebe un mapa de ruidos para "garantizar" la preservación de los valores medioambientales y la calidad de vida en los núcleos del parque natural de Cabo de Gata durante el periodo estival, "cuando se duplica la población residente".

   El colectivo conservacionista entiende que el Ayuntamiento nijareño está "incumplimiento de forma reiterada" las obligaciones en materia de ruidos al no aprobar ni mapa de ruidos ni una ordenanza municipal de protección de medio ambiente y señala que "da la sensación" que las "escasas" actuaciones por parte de la administración "se producen de forma desordenada y desproporcionada sin ser resolutivos con los problemas en las zonas de conflicto sonoro".

   En concreto, el recurso, consultado por Europa Press e interpuesto el pasado miércoles, pide al juzgado que acuerde la adopción de medida cautelar ante la inactividad del Consistorio y la califica de "necesaria" para que su actuación sea por "vía de urgencia".

   Ecologistas en Acción sostiene los efectos de la contaminación acústica que se produce en algunos núcleos urbanos costeros del término municipal de Níjar como Aguamarga, San José, Las Negras o Rodalquilar puede afectar al bienestar y disfrute "del propio hogar" de forma que "repercute de forma negativa sobre la vida familiar y privada, produciendo una fuente permanente de perturbación para la calidad de la vida de los ciudadanos".

   Remarca que los ruidos se producen sobre todo durante "los principales meses del verano" por la "duplicación" de la población, lo que hace, a su juicio, que la contaminación acústica se incremente "sin que el Ayuntamiento de Níjar adopte las medidas adecuadas para prevenir y reducir sus efectos" pese a tener "plenas competencias para aprobar un mapa de ruidos".

   El recurso argumenta que el decreto andaluz de 2012 de protección contra la contaminación acústica en la comunidad establece que los municipios adoptaran mapas estratégicos ruidos en las principales aglomeraciones poblacionales y apunta que San José, Las Negras, Rodalquilar y Aguamarga cumplirían con los parámetros sociales y legales necesarios, según lo regulado en el artículo 12 del citado decreto.

NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

   "Estos mapas de ruidos deberán permitir la adecuada valoración global y tipología de fuentes de la exposición a la contaminación acústica de las citadas aglomeraciones, facilitar la delimitaciones acústicas conflictivas, permitir la realización de mediciones globales para cada zona y posibilitar la adopción de planes de acción en materia de contaminación acústica para introducir medidas correctoras", expone.

   Ecologistas en Acción recuerda que el pleno ordinario del Ayuntamiento de Níjar celebrado el 6 de Julio de 2012 aprobó por unanimidad la propuesta del grupo IU-LV-CA sobre medidas de control contra la contaminación acústica y de elaboración un mapa y planes de ruidos para el termino municipal de Nijar donde se escenifiquen áreas de sensibilidad acústica y zonas acústicamente saturadas.

   Destaca en esta línea que el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar establece que las administraciones competentes adoptaran las medidas necesarias para prevenir y reducir los efectos este tipo de contaminación, "que podría tener unas consecuencias nefastas para la conservación y promoción de los valores naturales protegidos".

   "En este caso, el Ayuntamiento de Níjar deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar una adecuada gestión del medio ambiente urbano en los núcleos de Las Negras, San José, Aguamarga y Rodalquilar para una adecuada gestión pública ambiental en el espacio protegido concluye.
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