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Los alcaldes de Zújar, Huéscar y Benamaurel denuncian la asfixia de la Diputación

La diputada provincial Olga Manzano considera inadmisible que la diputada de Fomento siga sin dar explicaciones por discriminar injustamente a los vecinos de esos municipios

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Los alcaldes de Zújar, Huéscar y Benamaurel (PSOE) han denunciado la asfixia de la Diputación a sus municipios y han vuelto a censurar la decisión arbitraria de excluirlos del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles pese a cumplir con todos los requisitos para acceder a las subvenciones.

Los regidores socialistas han asegurado que el equipo popular de la Diputación ha discriminado a sus municipios en su política de inversiones y han explicado que las escasas actuaciones que se han desarrollado fueron gestionadas íntegramente en el mandato socialista. El alcalde de Benamaurel, Juan Francisco Torregrosa, ha considerado lamentable que en este mandato la Diputación haya invertido cero euros en instalaciones deportivas en su municipio, cero euros en remanentes del programa de cuevas, cero euros en actuaciones singulares, cero euros en carreteras y cero euros en inversiones financieramente sostenibles.

“Mientras que Benamaurel no ha podido resolver sus necesidades básicas, otros pueblos han recibido inversiones para cultura, deporte y otras actuaciones”, ha señalado.

En el mismo sentido se ha pronunciado el alcalde de Huéscar, José María Martínez, quien ha señalado que toda la inversión que la Diputación de Granada va a desarrollar en este mandato en su municipio procede de decisiones del gobierno socialista del anterior mandato, a excepción de los Planes Provinciales de Obras y Servicios, “el único programa al que el PP no le ha puesto color político porque su ejecución viene obligada por ley”. A su vez, Juan José Pérez, alcalde de Zújar, ha considerado “indignante” que la diputada saque pecho, como lo ha hecho, “por haber invertido 278.480 euros”. “Es una cantidad menor, incluso, que la asignada por el presidente de la Diputación en el Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles a otros municipios”, ha indicado.  

En ello ha incidido también la diputada provincial socialista Olga Manzano, quien ha criticado la falta de rigor de la diputada de Fomento por no aclarar que las inversiones que se han hecho en esos municipios son en su totalidad fruto de la gestión socialista en el anterior mandado. También ha denunciado la falta de ética de la diputada de Fomento porque pareciera “que ahora estos ayuntamientos tengan que agradecerle a la Diputación que se hagan las obras de los Planes Provinciales de Obras y Servicios, cuando es un programa de obligado cumplimiento y cuando, además, los propios ayuntamientos hacen sus aportaciones”.

Olga Manzano ha considerado inadmisible que la representante del equipo popular siga sin explicar por qué ha discriminado injustamente a los vecinos de esos municipios al marginarlos del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles. La representante socialista ha reiterado que el reparto de fondos del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles realizado por Diputación “es sectario, injusto, vergonzoso y obsceno”.

“Sebastián Pérez ha marginado de las inversiones sin motivo objetivo a Benamaurel, Zújar y Huéscar”, ha precisado y ha subrayado que “no es el único reparto sectario, ya que el PP también ha antepuesto sus intereses partidistas en la distribución de otros planes como los de Instalaciones Deportivas, actuaciones singulares o los fondos de cooperación local”.

La representante socialista ha explicado que la asfixia del PP a estos municipios de la zona Norte no solo procede de la Diputación sino también del Gobierno central. En este sentido, se ha referido a la supresión de la línea y subestación eléctrica de 400 kv de Baza de la planificación eléctrica 2015-2020 prevista en el borrador de la Red de Transporte eléctrico, “con el consiguiente daño puede provocar a las expectativas de futuro económico de esta zona de Andalucía”. En su opinión, se trata de una nueva discriminación por parte del PP a la zona norte de la provincia de Granada que va a impedir el desarrollo energético y socioeconómico de la comarca, además de bloquear proyectos asociados a esta infraestructura, como los vinculados a las energías renovables.

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