El equipo de gobierno de Mairena del Aljarafe (Sevilla), dirigido por Antonio Conde (PSOE), va a proponer en pleno aplicar bonificaciones a "empresas que contraten", así como "la congelación de todos los impuestos y tasas", y ello con el fin de "dar un impulso al desarrollo económico con iniciativas nuevas".
Así lo ha expresado este jueves el alcalde en una nota tras haber mantenido conversaciones entre todos los grupos políticos sobre las ordenanzas municipales para 2016, con las que el gobierno local persigue como "objetivos muy claros" los de "ayudar a las familias e impulsar la creación de puestos de trabajo".
Para ello, se plantean "propuestas para el fomento del empleo" a través de cuatro impuestos y tasas, que son el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la tasa para la licencia de apertura, la tasa por prestación de servicios urbanísticos y la tasa por ocupación de terreno público por terrazas o veladores.
De esta manera, la idea del gobierno local es que la cuota correspondiente a cada uno de estos cuatro conceptos se vería "bonificada si se contrata a nuevo personal". Concretamente, "si las contrataciones son por seis meses o más, las empresas obtendrían una bonificación de entre el 10 y el 25 por ciento", mientras que "si los contratos son indefinidos, las ayudas podrían ir desde el 25 al 60 por ciento".
Por otro lado, "se aplicaría la tarifa de la que disfrutan las asociaciones a las cooperativas y a las entidades declaradas de especial interés o utilidad municipal".
Por su parte, el delegado de Hacienda, Pablo León, ha avanzado que "las nuevas ordenanzas partirán del consenso, puesto que incluirán también iniciativas que la mayoría de grupos han hecho durante las diferentes reuniones que hemos mantenido".
En cuanto a los impuestos y tasas, el equipo de gobierno llevará al pleno del próximo lunes "la congelación de todos los impuestos y tasas", según ha trasladado ya a todos los grupos políticos municipales, de forma que el equipo de gobierno "ha rechazado la propuesta planteada por el Ministerio de Hacienda de subir los valores catastrales de las viviendas un diez por ciento, algo que hubiese significado una subida en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)".
