Este colectivo lleva más de un año defendiendo, a capa y espada, un proyecto que, al parecer, propiciaría 40 empleos nada más arrancar y podría dar trabajo a unas 200 personas en el plazo de dos o tres años. Para ello, sugiere el aprovechamiento de las naves ubicadas en la Salina de la Dolores (junto al Río Arillo). Y aboga también por la implantación de una depuradora que permita la explotación de este vivero de moluscos. Todo ello ha quedado plasmado ya por escrito e incluso se ha presentado como alegación a la revisión del PGOU, actualmente en fase de tramitación.
Sin embargo, el Consistorio no había manifestado hasta ahora su posición al respecto. Un silencio que el concejal de Urbanismo, Ignacio Romaní, decidió romper ayer para lanzar un mensaje de tranquilidad a los promotores de esta idea. “En un principio nos parece bien el tema y no descartamos su aplicación”, señaló. No obstante, el edil popular matizó que aún hay que ver cómo encaja esa propuesta con el resto de los planes previstos para dicho enclave. “De momento tratamos de buscar soluciones globales y así se lo hemos trasladado a los mariscadores, aunque haya quien mienta y diga por ahí que no nos hemos reunido con ellos”, agregó el munícipe. La clave estribaría --según Romaní-- en “salvaguardar todo el entorno donde se emplazaría esta actividad”.
PLANES MUNICIPALES
Cabe recordar que la intención del Ayuntamiento pasa por regenerar el Parque Natural de Las Salinas mediante acciones destinadas a su recuperación y transformación en un área recreativa-deportiva, turística y cultural. De este modo, el PGOU habla, por ejemplo, de fomentar una red de senderos peatonales y carriles bici. Y de la misma forma apuesta por la rehabilitación de edificios como el Molino de Río Arillo o por el establecimiento de instalaciones museísticas y mediombientales.
En cualquier caso, los mariscadores se muestran convencidos de que tales propósitos resultan factibles y compatibles con su criadero de almejas. Una intervención que, según sus cálculos, conllevaría una inversión inicial de entre 600.000 y 8000.000 euros.
Pero, sobre todo, apelan a los beneficios laborales que, en teoría, supondría en tiempos de crisis. Con todo, también subrayan otros motivos para justificar sus pretensiones como la necesidad de “apoyar la acuicultura”, la importancia de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales, técnicos y humanos o la posibilidad de satisfacer la demanda creciente relacionada con productos ecológicos y de calidad.
A LA ESPERA DEL VISTO BUENO DE LA CAPITAL
Los mariscadores aseguran que hasta la fecha han recibido el visto bueno para el criadero tanto de la Dirección del Parque Natural como de la Demarcación de Costas, la Delegación Provincial de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de San Fernando. Este municipio es dueño del 40% del suelo escogido. Pero el 60% restante depende del Consistorio gaditano que, a día de hoy, sigue sin aclarar completamente su postura.
