Por coincidencias del destino (o quizás no), al exconsejero de Empleo Antonio Fernández le acaba de enmendar la Justicia su particular teoría de que la trama de los cursos de formación no fue más que un mero “bluf” alimentado por el “nerviosismo de los interventores”. Sólo 24 horas después de esbozar ese peculiar argumento ante la comisión del Parlamento, la Fiscalía de Dos Hermanas confirmaba que ha pedido que se le investigue por su participación en la concesión de hasta 6 millones en ayudas a desempleados. No es la misma causa por la que compareció este martes, pero quizás ratifique el descontrol en su departamento, el mismo que el consejero insistió en negar.
En concreto, el Ministerio Público ve sospechas tras la concesión de tres partidas de 2 millones de euros cada una libradas entre 2007 y 2010 a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, una institución controlada por el PSOE, para que organizase cursos de formación destinados a parados. El problema no sería la concesión, sino que luego nadie justificara el uso que se dio a esas cantidades. “El dinero no iba a los trabajadores, se difuminaba cuando llegaba a la Mancomunidad”, confirmaron ayer a Efe fuentes del caso.
La Junta de Andalucía no se habría preocupado de reclamar las preceptivas justificaciones de los gastos, eximiendo de esa obligación a la Mancomunidad, y la Fiscalía intuye que el máximo responsable de ese descontrol era el propio consejero, el único con capacidad para liberar a un beneficiario de esa entrega de documentación.
A Fernández se le abriría así un nuevo frente judicial que se sumaría al de los ERE y al de los propios cursos de formación de la Junta, en ambos casos imputado. La investigación de las ayudas a la Mancomunidad sólo prescribirían en 2017 si antes no se abre la investigación contra el exconsejero.
La Fiscalía de Dos Hermanas ya pidió el pasado mes de abril al Juzgado número 1 de Lebrija, que en paralelo investiga otras diez causas, que se inhibiera en favor de l0s juzgados de Sevilla al ser el extitular de Empleo el máximo responsable de las presuntas irregularidades. Fernández se enfrenta ahora a la acusación de prevaricación al entender el Ministerio Público que su actuación fue clave en las exoneraciones.
