El PP denuncia a Chaves ante la Junta por incumplir la Ley de Incompatibilidades

El PP presentó ayer ante el Consejo de Gobierno una denuncia que pide iniciar procedimiento sancionador contra el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, al considerar que incumplió la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos por la subvención concedida a la empresa Matsa, donde trabaja su hija.

La denuncia fue presentada en la Casa Rosa, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por cinco diputados del PP-A, encabezados por el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, y la portavoz de este partido en el Parlamento autonómico, Esperanza Oña.

El PP presentó esta denuncia, de carácter administrativo, como paso previo a la utilización de la vía judicial contra la concesión, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, de una subvención de más de 10 millones de euros, a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) en la que trabaja la hija de Manuel Chaves.

El escrito del PP, que ha sido facilitado por Antonio Sanz a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, reclama al Consejo de Gobierno que acuerde la apertura del procedimiento sancionador y, tras la tramitación procedente, acuerde imponer las sanciones que correspondan.

Los populares consideran que en la subvención a Matsa se produjo una falta de inhibición de Manuel Chaves que podría constituir una infracción "muy grave" al haber producido un daño "manifiesto" a la Junta, por lo que la pena podría oscilar entre los 3 y los 10 años de inhabilitación para ostentar cargo público.

Los argumentos esgrimidos por el PP para presentar esta denuncia son que existe una constatación de que Manuel Chaves incumplió la Ley de Incompatibilidades cuando el 20 de enero presidió el Consejo de Gobierno que concedió la ayuda de más de 10 millones de euros a Matsa, ya que su hija, según este partido, era la apoderada.

Según denuncia el PP, la hija de Chaves aparece el 14 de enero como apoderada en el expediente por el que se concede la subvención por parte de la Agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación, ayuda ratificada seis días después por el Consejo de Gobierno, en el que Chaves aún era presidente de la Junta.

Control de legalidad

Antonio Sanz explicó que el Consejo de Gobierno tiene la función del "control de la legalidad", algo que, a su juicio, debió aplicar en la subvención a esta empresa, por lo que Chaves podría haber incurrido en la infracción del artículo 7 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta y de la Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos, al no inhibirse en la decisión.

El PP reitera que el acuerdo del Consejo de Gobierno "no es una mera ratificación, sino una autorización previa y preceptiva" que lleva implícita la aprobación del gasto, de forma que resulta "requisito esencial" para otorgar la subvención la aprobación del gasto por el órgano competente, según la Ley de Subvenciones.

El Consejo de Gobierno de la Junta es competente para sancionar estos casos en relación con los dispuesto en el artículo 18 de la Ley de 8 de abril de 2005 de Incompatibilidades, según explicó Sanz, quien advirtió de que este paso administrativo es previo a que el PP utilice también la vía judicial.

Sanz aclaró que tras esta denuncia y una vez "agotada" la vía política y parlamentaria -el jueves se debate la creación de una comisión de investigación-, el PP acudirá también a los tribunales.

Copia del expediente en el Parlamento

Por otra parte, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa registró ayer en el Parlamento de Andalucía una copia del soporte documental del expediente de aprobación del incentivo a la empresa Minas de Aguas Teñidas SAU (Matsa), en la que trabaja la hija del ex presidente andaluz Manuel Chaves.

Según informó la Agencia IDEA en un comunicado, se trata de "la misma documentación" que la administración andaluza ya ha puesto a disposición del grupo parlamentario popular "en dos ocasiones," y que "ha sido consultada por sus diputados en la sede de la agencia los días 12 de mayo y 15 de junio".

De esta forma, aseguró, la administración andaluza da respuesta documental a las solicitudes de información planteadas desde el grupo parlamentario popular, "en aras de la transparencia en los procedimientos de tramitación de incentivos gestionados por la Agencia IDEA".

La Agencia IDEA recuerda "la obligación que tienen las administraciones públicas de salvaguardar las garantías legales y de interés para el administrado", en este caso la empresa MATSA, quien ha dado su autorización expresa a la entrega de la copia del expediente en el Parlamento, para disipar cualquier duda sobre la legalidad de un proyecto que contempla una inversión de 96 millones de euros y la creación de 470 empleos.

Por su parte, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa insistió en la "absoluta transparencia de un proceso administrativo que pretende ser lo más eficaz, eficiente y efectivo para nuestras empresas", y quiso transmitir a empresarios e inversores "un mensaje de seguridad y confianza" ante las acusaciones que se vienen realizando "de forma partidista por el PP" y que "pueden generar un clima de desconfianza e incertidumbre para acometer inversiones en unos momentos en los se requiere del máximo compromiso de todas las fuerzas políticas con la sociedad andaluza".

El secretario general del PP anunciab ayer que volvería a personarse en la sede de la Agencia IDEA para reclamar el expediente que la semana pasada la Junta se había negado a entregar, ya que el pasado viernes el consejero de Innovación, Martín Soler, aseguró que "no hay ningún problema de ningún tipo en darle -al PP- copia del expediente" relativo a la subvención que la Junta otorgó a Matsa.