Ángel Burgos tenía 44 años. Se sintió indispuesto y por eso acudió al hospital de Antequera, donde le hicieron unas pruebas. Mientras esperaba los resultados sufrió un ictus y murió. Su familia ha presentado una denuncia contra el hospital.
Aurelia Doina, 64 años, de origen rumano, acudió al hospital de Úbeda porque el médico que la vio en la residencia en la que vivía en la localidad jiennense de Quesada entendió que su estado era muy grave. Aguardó en la sala de espera más de doce horas para ser atendida. La llamaron por la megafonía y no contestó. El personal pensó que se había marchado. Al cabo del tiempo, descubrieron que había fallecido.
La consejera de Salud, Marina Álvarez, explicó hace unos días en el Parlamento que se trata de dos “casos aislados”. Pero no dejan de ser los síntomas más graves de la enfermedad que aqueja a las Urgencias del sistema sanitario público.
Los datos de la Memoria del SAS ponen de manifiesto que en 2010 los hospitales andaluces atendieron un total de 3.475.842. urgencias. Y en 2016, la cifra fue de 4.419.290. Es decir, que en esos seis años, el número de urgencias hospitalarias atendidas creció un 27,1%.
Y, sin embargo, las plantillas de enfermería de los hospitales andaluces descendieron en ese periodo en unas cinco mil personas, aproximadamente un 18,7%, al pasar de 26.215 personas en 2009 a 21.3007 en 2017.
La Junta de Andalucía ha venido repitiendo como un mantra que no se han producido recortes en la sanidad pública con motivo de la crisis. Pero los datos están ahí.
Los profesionales no se atreven a hacer un diagnóstico generalizado de las urgencias hospitalarias, debido a la enorme casuística que existe entre unos hospitales y otros, tanto en la ratio del personal sanitario destinado en cada centro con respecto a los pacientes atendidos, como en la organización de los propios servicios de urgencia, o hasta en la arquitectura de los hospitales. Pero la falta de adecuación de las plantillas es una constante.
El sindicato de enfermería Satse denunciaba hace pocos días que el Plan de Alta Frecuentación puesto en marcha por el SAS para atender la epidemia de gripe en el hospital de Úbeda se había demostrado “ineficaz” y pedían aumentar dos enfermeros más por turno durante todo el año.
En Granada, la junta de personal del hospital Virgen de las Nieves denunciaba también esta semana que “el caos en las urgencias” se había convertido en una “costumbre”. El sindicato denunciaba que los profesionales se encuentran “absolutamente desbordados”, y describía la situación de las urgencias en los siguientes términos: “Pacientes en camillas y sillas de rueda por los pasillos, esperas de 48 horas para obtener los resultados de las pruebas, espacios sin intimidad”. No es una situación puntual, según el sindicato, sino que se produce año tras año, ante la “pasividad del SAS”.
En el Virgen de Rocío de Sevilla, hace un año se denunció ante la Inspección las condiciones laborales de la plantilla, desbordada por la falta de medios. Todo sigue igual.
Urgencias dimensionadas
El secretario autonómico de Satse, Francisco Muñoz, entiende que la planificación de las urgencias es uno de los aspectos más complejos del sistema sanitario público, porque hay cosas, por ejemplo, la incidencia de la gripe, que no se pueden prever. “Aunque sí se puede prever que se va a producir”.
Así, reconoce que es imposible saber que la vacuna de la gripe, como ha ocurrido este año, no va a ser efectiva, lo cual afecta a determinados grupos de población, que además suelen presentar patologías asociadas. Pero sí era previsible que llegaría.
En opinión del sindicato, los servicios de urgencia deben estar dimensionados para atender los picos de mayor incidencia. Y en el caso de Andalucía, en este sentido, “como no están dimensionados para los picos, hay que concluir que no están bien dimensionados”, apunta el dirigente del sindicato.
El Plan de Alta Frecuentación diseñado por el SAS falla precisamente por esto. “Se tiene que hacer con mayor previsión. No se puede esperar que llegue un fin de semana con un pico de demanda para contratar el personal necesario”, sino que éste tiene que estar ya operativo antes de que se produzca el aumento de la demanda.
Por otra parte, considera que en ocasiones los centros hospitalarios, para evitar la imagen de col de las urgencias, han optado por darles “más metros”. Pero si el aumento de metros no se acompaña de un aumento de profesionales, el resultado es peor, porque resulta más complicada la vigilancia de los pacientes.
Al final, es un problema de dinero, explica Muñoz. Andalucía tiene una ratio de financiación del sistema sanitario por habitante de las más bajas de España. E incluso la Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público Andaluz que contempla la Junta yerra, en opinión del sindicato, al no contemplar una financiación acorde con las necesidades del propio sistema sanitario público.
“En 2007 o 2008, Andalucía tenía un servicio de Salud público de excelencia, con algunos problemas, como las urgencias, que ya existían. Y por culpa de la crisis hemos pasado de hablar de parámetros de calidad a parámetros de seguridad de los pacientes”, afirma Francisco Muñoz.
La doctrina del Supremo
La doctrina del Tribunal Supremo respecto a la responsabilidad de la Administración en los servicios sanitarios no deriva tanto de los resultados, como de la puesta a disposición de los medios “razonablemente exigibles”.
Es uno de los aspectos que se destacan en el informe sobre el sistema sanitario público en España, elaborado por los Defensores del Pueblo autonómicos en 2015.
En este informe se apunta al envejecimiento de la población y a la creciente demanda asistencial de pacientes con enfermedades crónicas como causa principal del incremento de la frecuentación de las urgencias.
E insiste el informe en la necesidad de adecuar las plantillas de las urgencias, en cuanto a dotación y cualificación, a las nuevas necesidades.
