El PP enviará a la Fiscalía Superior de Andalucía el informe de la Cámara de Cuentas sobre Sandetel y sus sociedades filiales, empresa participada por la Junta, al considerar que hay "indicios de delitos" del Gobierno andaluz y exigirá en el Parlamento la constitución de una comisión de investigación.

Los populares entienden que el informe de la Cámara de Cuentas sobre estas empresas "confirma que hay actuaciones fraudulentas al margen de la ley que pueden ser constitutivas de delitos", denunció ayer en rueda de prensa el portavoz de Presupuestos del PP, Salvador Fuentes.

La idea del PP es conocer en primer término qué opina la Fiscalía Superior de Andalucía, aunque prepara en el Parlamento la petición de que se constituya una comisión de investigación y no descarta denunciar el asunto en los tribunales.

Se trata, según el diputado, de "gravísimos hechos" en el ámbito contable, laboral y de contratación, que "pueden ser constitutivos de delitos".

La Cámara de Cuentas de Andalucía detectó "irregularidades" contables y de contratación en la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel) y sus filiales Sadesi y Citandalucía .

Sandetel es una sociedad instrumental de la Junta, dependiente de la Consejería de la Presidencia y participada en un 51% por la Agencia IDEA de la Consejería de Innovación y en un 49% por la RTVA.

El informe de fiscalización de 2007 revela que se detectaron contratos para los que existía "indicación expresa" de la Consejería de Innovación del que debía resultar adjudicatario.

Además, se refiere a "incumplimientos" en los estados financieros, entre ellos de "debilidades" en el control interno y la imposibilidad de comprobar la legalidad del sistema de acceso a puestos en Sandetel y Citandalucía.

Refleja la indicación expresa de contrataciones y de la prórroga de contratos que por su cuantía debían haberse ofertado públicamente, según la Cámara, que cita casos concretos como el de seis empleados de Citandalucía y uno de Sandetel que prestan sus servicios de forma permanente en la Consejería de Innovación.

En opinión del PP-A, la fiscalización "confirma lo que todo el mundo sospecha, que hay una trama y una red clientelar en la que se colocan amigos y parientes, y adjudicaciones a empresas a dedo".

Salvador Fuentes también esgrimió que viene a "constatar practicas que no nos cogen de sorpresa", y ha recordado que la Cámara de Cuentas recoge el "incumplimiento" de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, del Estatuto de los Trabajadores, de la ley de Presupuestos de la Junta, del Plan General Contable y de la ley general de Subvenciones.

Durante la época en se produjeron estas circunstancias, el responsable de la Consejería de la Presidencia era Gaspar Zarrías, mientras Francisco Vallejo ocupaba la Consejería de Innovación, por lo que Fuentes advirtió de que la gestión de ambos "empaña" tanto la imagen de Manuel Chaves, entonces presidente andaluz, como del actual, José Antonio Griñán.

"La sombra de la duda en la gestión de ambos se ha alargado", apostilló Fuentes.