Una de las novedades que más criticada ha sido por la oposición es la intención del Gobierno local de limitar a doce el número de proposiciones que pueden ser presentadas al Pleno por el conjunto de los grupos políticos, en función de su representatividad. Esta iniciativa ya se está llevando a cabo en algunos municipios andaluces y tiene como principal objetivo no alargar en exceso la duración de los plenos. Parece lógico que se pretenda controlar este aspecto, pero es igualmente legítimo que los grupos de la oposición reivindiquen su derecho a plantear cuantas iniciativas estimen oportunas.
Una vez aprobado el texto se abrirá un periodo público de alegaciones que se prolongará por espacio de 30 días. Gobierno y oposición deben hacer un esfuerzo para arbitrar algún tipo de medida que satisfaga los intereses de ambas partes, sin olvidar que quienes hoy ocupan un lugar en el Pleno mañana pueden encontrarse justo en el lado contrario, y viceversa. Cualquiera que haya asistido en alguna ocasión a las sesiones ordinarias de la Corporación habrá advertido de que alargar los debates de manera artificial no conduce a ninguna parte, resultando incluso contraprudecente para esas iniciativas que se pretende defender.
Unos y otros están por tanto obligados a realizar un ejercicio de responsabilidad, quedando garantizado el derecho de la oposición a plantear sus propuestas, pero estableciendo también algún tipo de límite a unos debates que a menudo terminan aburriendo a sus propios protagonistas. El proceso de revisión del ROM debe ser aprovechado para acercar a los ciudadanos a la política, un objetivo que hoy por hoy se antoja complejo si se parte de la base de que se cuentan con los dedos de una mano los jerezanos que acuden de manera regular a las sesiones plenarias.
