El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, lamentó que los firmantes del acuerdo de financiación del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 "se alejan de la realidad" con los requisitos que han incluido en dicho acuerdo, suscrito la semana pasada, por lo que pidió "más flexibilidad" a la hora de aplicar los criterios, de manera que "se confíe más en la garantía hipotecaria que en garantías personales".
En declaraciones a Europa Press, Toscano consideró "magnífico" el acuerdo para financiar el Plan Concertado "que supone sensibilizar a las entidades financieras ante este problema", así como las cuantías establecidas en el mismo, pero mostró su preocupación por los requisitos "alejados de la realidad" exigidos para ser adjudicatario de una vivienda protegida en dicho convenio.
De esta forma, consideró que "en una economía como la actual, en la que el empleo estable no es tan fácil, no tiene sentido que los bancos y cajas vayan a exigir tres años de contrato a los adjudicatarios de VPO, en gran parte jóvenes, eso es alejarse de la realidad".
En ese sentido, tras recordar que "años atrás, en los anteriores planes de vivienda, la garantía que las entidades financieras exigían para poder conceder un crédito era la garantía hipotecaria, la propia hipoteca", lamentó que con estos requisitos "se desvirtúan los créditos hasta el extremo de que se convierten más en una exigencia de garantías personales que hipotecarias".
"Los bancos y cajas deberán acercarse a la realidad, en la que muchos de los compradores de VPO tendrán un empleo y en otra ocasiones no lo tendrán", aseveró Toscano, quien insistió en que "se debe profundizar más en la flexibilidad y confiar más en la garantía hipotecaria".
Tras asegurar que los impagos "son prácticamente nulos en vivienda protegida, sobre todo en régimen especial", Toscano insistió en que "debe prevalecer la garantía hipotecaria, que es la garantía real, y ser más flexibles a la hora de pedir garantías personales".
Por ello, consideró que Junta y entidades financieras "deberán seguir trabajando y buscar fórmulas alternativas donde lo primordial sea la garantía hipotecaria y la garantía personal se complemente con garantías familiares, donde los padres o los hermanos avalan al comprador, como se ha hecho siempre, no es nada nuevo".
El acuerdo de financiación del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, suscrito la semana pasada entre la Junta de Andalucía y 33 entidades financieras, contempla el compromiso de cajas y bancos para financiar con hasta 9.550 millones de euros actuaciones de VPO, rehabilitación y suelo -en concreto el 93 por ciento actuaciones de vivienda protegida y el resto se reparte entre rehabilitación y actuaciones de suelo-, supone ratificar los compromisos de financiación que adquirieron las cajas y bancos en la firma del Pacto por la Vivienda el pasado mes de diciembre de 2007.
La principal novedad que recoge el acuerdo firmado es el establecimiento de las condiciones y criterios "objetivos" que se exigirán a los adquirentes de una VPO para obtener un crédito hipotecario, de forma que bancos y cajas establecerán como criterios esenciales para otorgar los préstamos la ausencia de informes negativos relativos a la existencia de impagos anteriores; la acreditación de la permanencia de la renta declarada de hasta tres años; una relación entre los ingresos declarados y las cuotas de todas las deudas financieras que no supere el 40 por ciento; y un importe líquido de los ingresos que, tras el pago de la cuota mensual, no quede por debajo del Salario Mínimo Profesional. No obstante, estas condiciones podrán ser sustituidas por la presentación de avales u otras garantías financieras.
