En Andalucía está en fase de audiencia el anteproyecto de Ley de Economía Circular. Un concepto muy utilizado en las agendas políticas de partidos de todos los signos y que sin embargo aún no ha calado en la ciudadanía.
Toda la normativa ambiental con efectos en la economía, el empleo y los servicios parte de un principio básico que es la responsabilidad compartida. Está cada vez más claro que los retos globales como el cambio climático, la migración, o las pandemias, como la actual del COVID-19, no van a poder afrontarse con éxito sin la implicación ciudadana. Se necesitan respuestas de abajo hacia arriba, coordinadas y abordadas desde la solidaridad, sin dejar a nadie atrás, y tejiendo alianzas, como establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsados desde la ONU, 17 objetivos que tampoco se están divulgando entre sus principales protagonistas, la población.
La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica ampliar el ciclo de vida de los productos y abandonar la cultura de usar y tirar, recuperando muchas de las acciones que sostienen la vida sin poner en riesgo el planeta. Compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar, reciclar materiales y productos todas las veces que sea posible, creando valor añadido.
En el caso de la alimentación, implica transitar hacia un sistema de producción de los alimentos que nutra los suelos, que utilice el agua y la energía de forma eficiente, que no abuse de los fertilizantes químicos, que priorice el uso de semillas autóctonas y que genere alimentos de temporada, sanos, que puedan distribuirse y comercializarse a nivel local y preserve nuestros ecosistemas. Pero además permite saber y elegir con conciencia cómo nos alimentamos.
En esta línea se están aprobando estrategias europeas como “De la Granja a la Mesa”, que tiene como objetivos principales: garantizar que la población disponga de alimentos asequibles y sostenibles, combatir el cambio climático, preservar la biodiversidad, y aumentar la agricultura ecológica. O la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030: “Traer la naturaleza de vuelta a nuestras vidas” que prevé gestionar al menos el 25% de las tierras agrarias en régimen de agricultura ecológica y extender las prácticas agroecológicas.
No hay que olvidar la importancia que tiene la implantación de la economía circular para reducir los residuos generados, en particular los derivados del desperdicio alimenticio y la materia orgánica.
En anteriores periodos de fondos europeos en Andalucía, y atendiendo a la llamada “economía de escala” se ejecutaron con cargo a los fondos estructurales, muchas instalaciones de gestión de residuos sostenidas por vertederos, que concentraban los residuos en uno o pocos puntos y que, aunque siguen estando en uso, no han resultado eficientes para lograr los objetivos de reciclaje de residuos, siendo cada vez más ambiciosos los que establece la normativa. La tasa nacional de reciclado de residuos municipales se situó en 2015 en el 30% y el volumen total de residuos fue 21,16 millones de toneladas. En 2017 se desperdició el 4,3% de los alimentos comprados.
Tampoco han sido efectivas las instalaciones ejecutadas, para generar un compost o abono orgánico de calidad, que permitiese su utilización en agricultura o en suelos degradados para su regeneración. A día de hoy ni siquiera se ha implantado la recogida separada de materia orgánica en Andalucía y se echa el tiempo encima. El nuevo anteproyecto de Ley de Economía Circular en Andalucía, fija en el 31 de diciembre de 2023 el plazo para implantarla y además vuelca de nuevo en las entidades locales, ayuntamientos, cada vez más mermados en recursos de personal y económicos, la responsabilidad de elaborar y ejecutar los planes locales de economía circular, sin que quede claro qué líneas de financiación van a ponerse a disposición para su desarrollo.
Tampoco se aborda con ambición la oportunidad que supone la economía circular para frenar la despoblación del mundo rural, o para las empresas de la economía social y por tanto para el empleo. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, instrumento que permite implementar las políticas necesarias en materia medioambiental, social y ética, y en particular impregnar el respeto a los Derechos Humanos en toda la cadena productiva, y el apoyo al Comercio Justo, ni siquiera se cita como elemento de apoyo para el buen desarrollo de esta norma.
El proyecto de ley no es contundente con la implicación de la población en todo el proceso de transformación. Ni siquiera se alude a la constitución de grupos de consumo local, foros de alimentación, cooperativas de productores locales, puesta a disposición de espacios degradados para su utilización como huertas locales, zonas de compostaje comunitario, etc.
Sin la incorporación de estos elementos clave a la nueva Ley, de nuevo estaremos asistiendo a un ejercicio de “maquillaje verde” por parte del gobierno andaluz. Un gobierno que presume de tener una Agenda Verde que aún no ha desgranado y que no puede ni debe limitarse a incentivar la actividad de grandes empresas, que están viendo un filón en los nuevos fondos de recuperación europeos para amortizar sus jugosas inversiones, como el hidrógeno verde.
Un proyecto de ley ambicioso de Economía Circular en Andalucía, con casi 800 municipios, muchos de ellos rurales, tiene que promover sistemas alimentarios locales y sostenibles, recuperar el potencial de las huertas agrícolas tradicionales ubicadas en los muchos espacios naturales protegidos que tiene Andalucía, impulsar la agroecología como herramienta de innovación social para frenar la despoblación que los municipios del territorio andaluz están sufriendo desde la última década. Esta Ley puede ser una auténtica oportunidad para las comarcas, donde empiezan a instaurarse de manera incipiente, iniciativas de jóvenes neorrurales que ven en la agroecología y en la implantación de mercados locales y cooperativas locales de producción y consumo un modo de vida para ellos y sus familias.
Entre las iniciativas clave es fundamental promover la formación, el asesoramiento local en apoyo a unas administraciones locales cada vez más abandonadas, la recuperación de espacios públicos e infraestructuras, la buena gobernanza, participativa y horizontal, la investigación e innovación y el trabajo en red para la comercialización por canales cortos de distribución.
También debe incorpora el fomento de experiencias de compostaje comunitario y avicompostaje, como elemento de apoyo a las explotaciones agrícolas y también como una fuente de generación de empleo inclusiva, con perspectiva de género y local.
En este proyecto de ley tiene que implicarse toda la ciudadanía, incluida la comunidad escolar, ya que sin un consumo responsable y una información precisa y adecuada sobre los alimentos que llevamos a la mesa, no podremos inculcar en las generaciones futuras la importancia de la alimentación saludable, para la prevención de enfermedades, para conservar la biodiversidad de los ecosistemas, y para frenar los efectos del cambio climático, a los que ya no es suficiente combatir con las políticas públicas de reducción de las emisiones, sino que será preciso adaptar los cultivos y nuestra forma de vida a las disponibilidades de agua, dada la reducción de precipitaciones, que ya es un hecho.
Nuestro territorio, cada vez más despoblado, necesita cuidados y buenas políticas públicas porque de su estado de salud dependemos las personas y el planeta.
Fdo. Isabel Brito Cabeza
Coportavoz Verdes Equo Andalucía
