En un comunicado, esta organización recordó que el pasado junio interpuso un recurso de alzada contra la resolución del Delegado del Gobierno en Andalucía por la que se acordaba el desistimiento del procedimiento expropiatorio de este hotel.
A pesar de haber transcurrido varios meses desde su interposición, el Ministerio de Medio Ambiente, lamentó Greenpeace, "no ha contestado a los escritos de la organización ni ha explicado el porqué de esta resolución".
En el recurso formulado por Greenpeace se solicitaba la suspensión de esta decisión, ya que el Ministerio de Medio Ambiente "en ningún momento ha justificado por qué trata de eludir sus obligaciones de defensa de la costa".
Según dicta la Ley, "si la Administración no responde en 30 días, el acuerdo de desistimiento se suspende por imperativo legal", puntualizó esta organización ecologista.
Greenpeace relató que esta semana se ha vuelto a poner en contacto con el Ministerio "instándoles una vez más a que aclaren su posición respecto a El Algarrobico y la situación del expediente en un plazo máximo de 30 días, tal y como exige la Ley de Derecho a la Información Ambiental".
"La falta de respuesta al recurso formulado por Greenpeace es una clara y evidente forma de vulnerar los derechos medioambientales y los derechos a una tutela judicial efectiva", declaró Pilar Marcos, responsable de la campaña de costas de Greenpeace.
"Tienen 30 días para contestarnos y para dar credibilidad a sus supuestos argumentos de sostenibilidad; de lo contrario, actuaremos pertinentemente", concluyó Marcos.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino reveló ayer que está "estudiando y elaborando" la respuesta que hará publica "en breves fechas" al recurso de alzada interpuesto en junio por Greenpeace.
Fuentes del departamento que dirige Elena Espinosa confirmaron a Europa Press que "esperan facilitar" a la organización "en fechas próximas" la decisión después de la advertencia realizada por Greenpeace.
Desestimación de la expropiación
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, anunció en junio que el Ejecutivo desistía del procedimiento a la espera de que el Ayuntamiento de Carboneras (PSOE) revisase por orden judicial la licencia municipal de obras concedida al inmueble.
El juez de lo contencioso-administrativo de Almería Jesús Rivera declaró en septiembre de 2008 la nulidad de la licencia de obras concedida al inmueble de 22 plantas y 411 habitaciones en una sentencia en la que se vertían duras críticas contra la actuación de la Junta de Andalucía y la corporación local carbonera.
En concreto, el Gobierno aludia en su acuerdo al informe que la Abogacía del Estado trasladó al MARM en el que se subrayaba la conveniencia de proceder al desestimiento y advertía de que si se confirma el fallo recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la anulación de acto municipal afectaría a la determinación del valor y, por tanto, el "justiprecio" acordado con la promotora Azata del Sol para el edificio.
En el apartado de fundamentos de derecho, y en respuesta a una consulta escrita de la Dirección General de Costas, la Abogacía del Estado explicaba que el proceso de expropiación "podría quedar vacío de contenido al perder todo su valor el objeto", por lo que, ante lo que califica de circunstancias sobrevenidas en referencia a la sentencia de lo contencioso-administrativo, consideraba como "mejor opción" abandonar.
En esta línea, alertaba de que, de continuar, "no se vislumbra resultado de provecho" para la Administración en un procedimiento sino mas bien "un detrimento de los fondos públicos" ya que, según resalta, exigía el "empleo de importantes recursos y deriva en complejo".
Matizaba, no obstante, que adoptar esta vía no sería "óbice" para que, si se alteran las actuales circunstancias sobre la situación jurídica del hotel, se puede iniciar de nuevo la expropiación para dar "de este modo satisfacción al interés general y cumplir el mandato legal de protección del litoral español conforme a lo establecido en la Ley de Costas de 1988.
