El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) analizará de manera individualizada los decretos que prepare la Junta desde el final del estado de alarma para analizar la proporcionalidad de las medidas y ha descartado una reunión previa dedicada a consensuar generalidades.

El presidente del alto tribunal, Lorenzo del Río, ha adelantado que no participará en la reunión que anunció para la próxima semana el vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín, con el objetivo de analizar la situación jurídica de la comunidad tras el final del estado de alarma.

A preguntas de los periodistas y durante la presentación de la memoria del TSJA correspondiente a 2020, Del Río ha adelantado que no se sumará a esa reunión por "prudencia institucional y obligación judicial".

Ha explicado que, como presidente del TSJA, no puede intervenir en una reunión dedicada a aconsejar medidas que "pueden ser objeto de revisión judicial".

"Estaría mediatizando", ha resumido Del Río, que ha dicho que la Junta ha entendido sus argumentos y que el Gobierno regional cuenta con letrados y asesores para analizar la conveniencia de las medidas que se podrán o no adoptar tras el 9 de mayo.

"No puedo participar en gestionar algo que se va a revisar judicialmente, estaría interfiriendo en la labor de los compañeros", ha insistido el presidente del alto tribunal, que ha reconocido que el final del estado de alarma con la actual legislación supondrá una gestión compleja.

Ha apuntado también que cada comunidad abordará sus restricciones desde un concepto jurídico muy abierto y que, en todos los casos que afecte a derechos fundamentales, las medidas deberán ratificarse por la autoridad judicial.

Del Río ha explicado además que el TSJA analizará cada uno de los decretos que redacte la Junta y que pudieran limitar esos derechos fundamentales, desde el de movimiento o reunión a un toque de queda, y que lo hará de manera pormenorizada y atendiendo a la intensidad y extensión de la medida para valorar si son medidas proporcionales.

Ha añadido que este análisis no será necesario cuando se limite, por ejemplo, el horario de una actividad comercial, pero sí cuando exista la afección a derechos fundamentales que implican los confinamientos, que afectan "de forma intensa a un número extenso de personas".

El presidente del TSJA ha insistido en que esa necesidad de que la autoridad judicial se pronuncie no existe con un estado de alarma general o parcial, que deja en manos políticos qué medidas establecer.

Sobre la reunión que propuso la Junta para valorar posibles medidas a tomar cuando finalice el estado de alarma, Del Río ha insistido en que el TSJA actúa como control judicial, nunca previo, con un dictamen que se emitirá una vez la Junta pida aplicar una u otra restricción.