Hay informaciones que, en esta vorágine de confrontación y noticia diaria a que nos someten las derechas en este país, pasan desapercibidas. Y sin embargo ponen de manifiesto de forma diáfana lo que de verdad están pasando las clases populares en este país. A esta categoría de informaciones pertenecen los últimos datossobre lanzamientos referidos publicados hace unos días por el Consejo General del Poder Judicial.
Según el organismo de gobierno del poder judicial, se han producido en Andalucía 1.685 lanzamientos habitacionales durante el primer trimestre de 2021, lo que supone que se ejecutan 18,7 desahucios diarios. Del total de desahucios 1.109 lo son por impago de alquiler, que supone el 66% del total.
En el caso de la provincia de Cádiz los datos son demoledores. Cádiz es la segunda provincia de Andalucía (sólo por detrás de Málaga) en cuanto al total de lanzamientos de 261, de los cuales 160 (un 61% del total) lo son por impago de alquiler. En la provincia de Cádiz el incremento de lanzamientos de desahucios en relación al mismo trimestre de 2020 ha sido un 108%, el mayor incremento de toda Andalucía
Estos datos vienen a demostrar que ni el decreto antidesahucios y otras medidas tomadas por las diferentes administraciones con motivo de la pandemia han sido incapaces de frenar el deterioro que sistemáticamente se viene produciendo en cuanto al acceso a la vivienda de las familias más vulnerables. Por ello, algunas organizaciones como la APDHA, venimos reclamando una Declaración de emergencia Habitacional que obligue a las administraciones a los diferentes niveles a tomar medidas enérgicas e inmediatas para abordar esta situación.
Porque lo cierto es que esta situación se ha convertido ya en estructural, debido a la cronificación de la pobreza y el paro instalada en amplias capas de la población andaluza. Una muestra es la tasa de paro situada según los últimos datos del INE en el 22,58 frente a la media de España del 15,98. Más terrible es la situación en la provincia de Cádiz que sufre una tasa del 27,05% de paro, a la cabeza de todas las provincias españolas.
No es de extrañar así que, según datos del INE Indicadores Urbanos, entre los 20 pueblos de España de más de 20.000 habitantes con menos renta, nada menos que 17 se encuentren en Andalucía. Ni que sean andaluces 12 de los 15 barrios más pobres de España.
Estos datos ponen en evidencia el fracaso de las políticas desarrolladas institucionalmente para paliar la pobreza. Constatamos que la Renta Mínima de Inserción andaluza es insuficiente y excluyente, que el Ingreso Mínimo Vital no llega a la mayoría de las familias en riesgo de exclusión, y que los Servicios Sociales están minimizados por los drásticos recortes presupuestarios aplicados.
El paro, la pobreza y la vivienda son los problemas más importantes para millones de personas en nuestro país. Más aun en Andalucía y Cádiz. Exigir cada vez con toda la contundencia y la máxima determinación que se pongan en marcha políticas concretas para que se respeten esos derechos reconocidos en nuestra Constitución creemos que es el camino que tenemos que seguir la ciudadanía.
