El martes, Pilar, de 68 años, y su nieto, de 25, fueron desalojados sin incidentes de su vivienda de alquiler tras once meses de impagos. El miércoles, Remedios, de 41 años y dos hijos, también se vio obligada a abandonar con su familia el domicilio que tenía alquilado en la calle Teniente Andújar por la deuda acumulada desde 2021 con su arrendador y, desde entonces, permanece en la plaza de San Juan de Dios reclamando ayuda. Ayer, el PP anunció a través de un comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación que “llevará al Pleno ordinario de diciembre una propuesta para que se trabaje de manera urgente en medidas que procuren una solución adecuada y digna a las familias que, a día de la fecha, tienen señalado desahucios y se les informe de todas las gestiones que, por parte del Consistorio, se vayan realizando a tal fin”.
Fuentes municipales han subrayado a VIVA CÁDIZ que, tanto en el caso de Pilar como el de Remedios, han puesto a su disposición los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento para el asesoramiento y el respaldo de Asuntos Sociales y Procasa, “dentro de la legalidad y según la normativa vigente”, y han recordado que “en los últimos años se han habilitado todas las herramientas posibles para evitar” estos episodios como el protocolo antidesahucio, la creación de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda (Omdevi), el programa de alquiler justo o la creación de alojamientos transitorios que hasta ahora no existían en la ciudad, dando respuesta a 500 familias.
“En 2014, se ejecutaron en Cádiz más de 280 deshaucios”, advierte, por su parte, David de la Cruz, relevo del alcalde, José María González, Kichi, al frente de la candidatura de Adelante, quien reconoce que, pese a los esfuerzos del equipo de Gobierno, se seguirán produciendo.
De la Cruz explica en una publicación en Facebook que, “el candidato que prometa” que se van a acabar, “miente”, porque para frenar este fenómeno “hay que regular el precio del alquiler” y frenar “la barra libre” a las viviendas con fines turísticos por las que apuesta el PP. “O se defiende la vivienda como derecho o se considera un bien de mercado con el que especular la minoría que acumula inmuebles. Porque las dos cosas, la tibieza, se han demostrado incompatibles”, agrega.
