La magistrada del Tribunal superior de Justicia de la Región de Murcia Pilar Rubio ha reconocido recientemente, mediante voto particular, el derecho de un recurrente que ha ocupado el puesto de interino en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional durante siete años consecutivos el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que desempeña aún en la actualidad con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera. Si bien la sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al que acudirán ambas partes, Manuel Martos, administrador único de LegalSur Abogados, representante de la docente, celebra el paso dado en defensa de los interinos, cruzada emprendida por el gaditano hace más de diez años, cuando ganó el primer pleito de fijeza en España.
Martos remarca que el tribunal superior de justicia reconoce que la “concatenación de contratos temporales en el ámbito de la administración constituye abuso y fraude de ley” conforme a la normativa europea, sentando jurisprudencia.
Esto no es un asunto menor, dado que el Estado español, apercibido por ello por la Unión Europea, sigue sin atajar el problema que afecta a 800.000 personas. El abogado gaditano recuerda que el Gobierno debería haber regularizado su situación con el proceso iniciado a raíz de la entreda en vigor de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. “Solo se han sacado 300.000 plazas”, advierte, por lo que Martos, que está también al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude (Sinef) y la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIF), quiere que Bruselas reabra el expediente contra España.
No se trata únicamente de blindar los derechos de quienes en muchas ocasiones son cesados como a una trabajadora tras 34 años y con un solo nombramiento en el Ayuntamiento de Zaragoza, sino poner orden en las administraciones públicas. Estas, sostiene, “deberían estar dirigidas autónomamente por personal objetivo, formado, y que gana su plaza por un proceso selectivo, pero los políticos” son en la prácticas quienes toman decisiones respecto a plantillas y contrataciones que generan una masa de empleados desprotegidos, “maleables, siempre asustados”.
Todo ello, advierte, en connivencia durante años “con los sindicatos mayoritarios”. “CCOO, UGT e incluso CSIF han dado un halo de objetividad” a las contrataciones temporales porque “controlaban las bolsas de empleo”, pero, cuando los afectados han contactado con los representantes de estas organizaciones para tomar medidas ante el abuso y el fraude de ley, no hallaron apoyo.
Martos alerta, asimismo, que, aquellos trabajadores temporales que no consigan plaza en las convocatorias extraordinarias que se han convocado o las que se pongan en marcha se ven abocados al cese, bien porque se da por cumplido el nombramiento o bien porque algún funcionario pida cubrir la vacante que, a todos los efectos, quedará libre. Por ello, recomienda obtener informe del Ministerio Fiscal reconociendo la vulneración de derechos fundamentales.
En cuanto al futuro, el abogado no es optimista. Cada día, en la actualidad, se siguen produciendo nombramientos temporales. “Si las administraciones no convocan procesos selectivos en un año y un día desde estos, estas personas ya se encontrarán en fraude de ley”, subraya. Y, pese a la sanción europea y la experiencia, el Gobierno tampoco ha puesto en marcha medidas de control.
