Una comunidad de propietarios de Málaga ha aprobado la necesidad de saber castellano hablado y escrito para poder ser presidente de los vecinos, así como que los gastos de intérprete y traducción a otros idiomas sean responsabilidad de los vecinos que lo soliciten.

El acuerdo fue adoptado por unanimidad de los propietarios asistentes a la junta anual de la comunidad Torres de San Andrés de Málaga, celebrada el pasado día 12, según ha informado a Efe José Antonio Sierra, portavoz y fundador de la asociación Diversidad y Convivencia y exdirector del Instituto Cervantes en Dublín (Irlanda).

Con este acuerdo se pretende “evitar lo que pasa” en algunas comunidades de propietarios de municipios turísticos de Andalucía en las que para hablar con el presidente de la comunidad se necesita un intérprete de inglés u otros idiomas no reconocidos en el artículo 3 de la Constitución Española, explicó Sierra.

El colectivo considera que la ley se ha quedado “obsoleta” para resolver los problemas lingüísticas ocasionados en algunas comunidades por el turismo residencial y por los propietarios sin conocimientos del castellano.

Además, la asociación solicitará a todos los ayuntamientos andaluces que aprueben una ordenanza municipal .