Durante las primeras cuatro horas del Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cádiz de este jueves no fue objeto de debate la información que trascendió esta semana sobre la propiedad del secretario general del PSOE local y concejal, José Ramón Ortega, de dos viviendas turísticas, una en Chiclana, y otra, en Jerez, que habría operado de manera irregular. Ello, pese a que hubo dos mociones, una defendida por portavoz socialista, Óscar Torres, y otra de Adelante Izquierda Gaditana sobre este tipo de alojamientos vacacionales.
Pero el asunto salió a relucir, finalmente, en el último punto del orden del día de la sesión. La coalición de izquierdas presentó una iniciativa en la que solicitaba el cumplimiento del Reglamento Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz y, por ello, el alcalde, Bruno García, “lleve a cabo una reestructuración del equipo de Gobierno, en concreto, de la Concejalía de Vivienda y presidenta de Procasa, al existir, tal y como se recoge en el artículo 11, un conflicto de intereses por parte de la persona que ostenta dichos cargos en la operación de Casitas Bajas”.
Ana Sanjuán tomó la palabra para defender la inexistencia de cualquier tipo de conflicto de interese, al negar vinculaciones personales con los propietarios del terreno, s y aclarar que la venta de los aprovechamientos urbanísticos es una opción que no compromete sus cargos.
David de la Cruz, portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, valoró la “valentía” de la edil, pero insistió en las conexiones de la responsable de Vivienda con el sector de la construcción. Además, recordó que el PP pidió la dimisión de numerosos concejales por incompatibilidad sin fundamento y acusó a los populares de haber “perseguido judicialmente” a José María González, Kichi, con hasta quince denuncias que no prosperaron. El PSOE solo utilizó un turno de intervención, con Paula Fernández como portavoz, sin entrar en honduras.
El primer edil decidió, entonces, tomar la palabra para cerrar el debate por parte del PP. En primer lugar, Bruno García reiteró los argumentos de su concejala. A continuación, valoró la propuesta de Adelante Izquierda Gaditana, pero remarcó que el Reglamento Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz debe ser cumplido por los 27 miembros de la Corporación municipal.
En este punto, se preguntó si los gaditanos no tenían derecho a conocer que el partido de De la Cruz se presentó a las elecciones con dos miembros de su lista imputados, Kichi y José Ramón Páez, por prevaricación por el trabajo de un asesor. Por otra parte, mencionó el caso de José Ramón. “Es muy probable que si lo hubiéramos hecho nosotros, nos hubieran pedido la dimisión, ¿no creen?”, planteó, y consideró que la respuesta que ha dado sobre el piso irregular, que ignoraba esta situación “es muy sanchista, no es muy buena”. Por ello, remachó: “Lecciones de ejemplaridad nos dan mucha, pero no es necesario, lo importante es poner sobre la mesa la transparencia”.
