Una vez analizados los datos del paro del mes de marzo, con la cifra facilitada por el SPE se constata que los 182.602 parados y paradas de esta Provincia no son una preocupación importante para los gobernantes de este País, pues ni se pone en marcha Un Plan de Choque que nos haga salir de esta situación anacrónica en la que nos encontramos ni se detectan medidas de fomento de empleo estable que sería una de las medidas que sacarían a esta provincia de la situación en la que se encuentra, con la actividad Industrial bajo mínimos y sin ningún atisbo de mejora en los próximos meses.
El análisis de la bajada del paro en este mes de marzo, podemos decir que ya ni el periodo vacacional en este caso la semana santa han contribuido a mitigar esta situación, y es llamativo que poblaciones que bajan el nivel de desempleo como Tarifa, Conil o Barbate, son ciudades donde se han puesto en marcha las almadrabas para la pesca del Atún. El resto de sectores como la Industria o la construcción prácticamente no ofrecen ninguna variación respecto al mes anterior lo que demuestra que sectores que pueden tirar del empleo y la economía en la provincia de Cádiz siguen estancados y sin ningún tipo de recuperación.
CCOO, entendemos que debe ser una prioridad inmediata para el este País, la conformación de un gobierno de progreso y que se alcance un acuerdo de gobierno que evite la celebración de nuevas elecciones y atienda la demanda social de reponer los derechos laborales y sociales perdidos. Poner en marcha las medidas o programas necesarios para sacar a esta provincia de la situación de paro que padecemos.
CCOO, insiste en que se debe aprobar una Prestación de Ingresos Mínimos en el Ámbito de Protección de la Seguridad Social, para las personas y familias que están sin ningún tipo de prestación y que en la Provincia de Cádiz, supera el 61 %, lo que supone que son más de 130.000, las personas las no perciben prestación.
En el momento actual en el que los efectos de la crisis han diezmado el estado de bienestar, el nivel de desempleo ha ascendido a unos niveles históricos y se ha producido una caída estrepitosa de la ocupación, se han realizado una serie de modificaciones legislativas que han repercutido en el gasto social, afectando a la cobertura del sistema de garantía de rentas.
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