La Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía ha remitido una carta al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para trasladarle la preocupación que "sentimos ante la situación en la que se encuentra la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz", que dirige la concejala Ana Fernández.

A juicio del colectivo, la realidad de saturación y colapso que arrastra dicha Delegación está llegando a ser "insostenible" ya que:

La demanda de personas y familias a las que atienden se ha incrementado en más de un 20% últimamente; los recortes de personal de la Delegación han sido tremendos, tras el despido de 24 profesionales por las políticas de austeridad que realizaron los gobiernos municipales anteriores.
Todo ello incrementado con que "no se han reforzado las plantillas, en un momento en el que nuestra sociedad y nuestros vecinos siguen siendo azotados por las secuelas de una crisis socioeconómica que está ocasionando situaciones nunca vistas en mucho tiempo, siendo la más evidente y denigrante las colas de personas esperando ser atendidas por los Servicios Sociales".
Esta carta indica que esta situación algo"insólita" en la ciudad de Cádiz y considera APDH que es fruto del "procedimiento de gestión de citas que comenzó a gestionarse en 2014 cuando se estableció dicha gestión de citas mediante un libro que era abierto mensualmente. Este sistema de gestión establecía que la persona no podía volver a coger cita con su trabajador/a social hasta el siguiente mes en que se volviese a abrir".


La situación empeoró en el momento en el que "en el último año, se decidió mantener el mismo sistema, pero acortándolo a 15 días, y en un horario limitado, provocando está decisión que muchas personas se ven obligadas a ir reiteradamente a Servicios Sociales, y en ocasiones sin la seguridad de llegar a conseguir esa cita". Recuerdan todo lo ocurrido durante los últimos meses, teniendo como consecuencia directa "imágenes lamentables de personas que han llegado incluso a pasar la noche para conseguir una cita con su trabajador/a social".


Esta situación, añade la asociación, "de desprotección en la que se encuentra la ciudadanía es indigna, con una ausencia de respuesta de la administración para garantizar esa atención social, precisamente a los/as ciudadanos/as más desfavorecidos".


Resaltan además que la saturación del área de Asuntos Sociales no sólo está afectando a la atención ciudadana, sino que "está pasando factura a los profesionales, que soportan diariamente mucha presión, y cuya salud tanto física como mental, se está viendo afectada llevándoles incluso a coger vacaciones sin remunerar para poder sobrellevar a situación"

Otra de las razones que añaden es el "volumen de la gestión y las trabas burocráticas que los profesionales han ido asumiendo con medios técnicos e informáticos obsoletos que más que ayudar su gestión, ralentizan su labor diaria".


Ante lo expuesto, esta Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía considera que está entre sus funciones la defensa y denuncia de la vulneración de derechos de la ciudadanía y es por ello por lo que comunicamos al Defensor del Pueblo Andaluz esta situación.