El alcalde de Cádiz, José María González, con parte de los afectados por la decisión del Obispado de Cádiz de no renovar los contratos de alquiler de los locales ubicados en la plaza Fragela y del que el Obispado es el arrendador.

Durante la reunión, los afectados les han trasladado la situación de inseguridad en la que se encuentran después que les hayan comunicado que no se les va a renovar el contrato de un año de alquiler que tenían tras la inversión realizada hace cinco de más de 33.000 euros.

El regidor ha llamado previamente al obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, para interesarse por la postura de la institución religiosa con el objetivo de poder "mediar entre ambas partes y llegar a una solución que beneficie a todos", indican en un comunicado desde el Ayuntamiento.