Los grupos de la oposición (PSOE, PSA y la gestora de IU) volvieron ayer a dar muestras de su buena sintonía impidiendo la aprobación de las ordenanzas reguladoras del proceso de legalización de las viviendas ilegales incluidas en las Áreas de Gestión Básica (AGB). Las tres formaciones votaron en contra de este documento al considerar, por un lado, que se ha elaborado “de espaldas a los ciudadanos” y, por otro, que su aplicación “supondría una ruina para muchas familias”.


En este sentido, el portavoz socialista, José María Román, acusó al equipo de Gobierno de “no tener los pies en el suelo” y de plantear un proceso de legalización “muy costoso e imposible de asumir” por la mayoría de los ciudadanos. Román insistió, además, en que el documento no había sido consensuado con los vecinos y prueba de ello, dijo, es que “al Pleno han venido las cinco federaciones de la ciudad para mostrar su oposición”.


En la misma línea se pronunció la edil del PSA, Mari Ángeles Polanco, quien criticó al equipo de Gobierno por “no haber tenido en cuenta las aportaciones de los vecinos” a la hora de elaborar las ordenanzas. “A día de hoy este documento no tiene el apoyo de los ciudadanos y aprobarlo sería una barbaridad”, dijo.


Sin embargo, el delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón,  -quien se encargó de defender la propuesta del equipo de Gobierno-, insistió  en que  trata de un “documento participativo”, lo que provocó la risa del público asistente.


Por su parte, la portavoz del PP, Teresa Ruiz-Sillero, recordó que el proceso para la regularización de viviendas fue iniciado por el PSOE y que las ordenanzas que ayer se llevaron a aprobación tienen su origen en las aprobadas por los socialistas en enero de 2007.  “Se han mejorado esas ordenanzas y se han incluido determinadas promesas y propuestas de los vecinos. Con las ordenanzas elaboradas por el PSOE los costes para los ciudadanos habrían sido mucho mayores. Nosotros hemos  añadido una serie de bonificaciones que harán que este proceso sea menos costoso para el ciudadano. Lo que no podíamos es incluir el gratis total porque eso es imposible”, dijo.


Tanto Butrón como Ruiz-Sillero criticaron que ningún grupo de la oposición hubiese aportado mejora alguna a este documento, lo que, a juicio de la edil popular, demuestra que “no había ningún interés en sacar adelante estas ordenanzas”.


Pero las propuestas no tardaron en llegar, aunque no iban precisamente encaminadas a mejorar el documento sino más bien a desecharlo. Román planteó que se comenzase a trabajar con las ordenanzas que ya aprobase el PSOE y que el Plan Director de Infraestructuras se mantuviese como documento guía. “Lo que no debe hacerse es aprobar el Plan Director como Plan Especial porque eso obligaría a ejecutar todo lo que en él figura en un corto espacio de tiempo y eso es imposible de asumir. Lo mejor para desarrollar las AGB es hacerlo por fases, tantas como sea posible. Por un lado fases por zonas, y dentro de cada zona ir instalando los servicios también por fases. Primero lo más importante, la luz, el agua y el alcantarillado y según vayan pudiendo los vecinos se van añadiendo más servicios. Eso sí es factible”, propuso Román.


Butrón, sin embargo, insistió en que “el faseo resultaría más caro, ya que supondría abrir dos, tres o cuatro veces cada calle”. A su juicio, lo más económico “es instalarlo todo de una vez”. El edil de IU recalcó que el PSOE “no tiene ningún interés en solucionar el problema, sólo quiere ir dándole pataditas hacia delante”.


La sesión plenaria, que se prolongó durante más de dos horas, no estuvo exenta de ataques y reproches personales, la mayoría dirigidos a la edil del PSA, a la que Butrón acusó de tener “una capacidad camaleónica para cambiar cada día de opinión”.
 

Una vez terminada la sesión, se permitió la intervención de Rafael Oliva, portavoz de las cinco Federaciones de Asociaciones de Vecinos que existen en la ciudad, quien leyó un manifiesto conjunto en el que se expresaba el rechazo de los vecinos al proceso.


Todos los representantes vecinales presentes en el Pleno mostraron su satisfacción por el hecho de que las ordenanzas no hubieran salido adelante. “Este proceso estaba destinado al fracaso. Los vecinos no podíamos soportar los gastos de la urbanización que se planteaba en estas ordenanzas. Lo que sí apoyamos es la propuesta del PSOE de hacerlo por fases. Lo más urgente es el agua potable porque la gente se está envenenando”, apuntó David Valverde, presidente de la Federación de AAVV Chiclana Norte. En la misma línea se pronunció Domingo Pereda, presidente de la Federación Pagumo.